Solución al atasco

a revelación por el Consejo del Poder Judicial de que sólo los juzgados de lo Penal suman casi 270.000 sentencias pendientes de ejecutar ha suscitado una lógica inquietud sobre el estado de la Administración judicial, aun cuando la gravedad de esos datos haya sido matizada por alguno de los vocales del propio CGPJ y por el ministro Fernández Bermejo. El titular de Justicia se apoyó ayer en la reducción de las resoluciones acumuladas -en 2007 se resolvieron 77.253 veredictos más que los tramitados- para negar que el sistema esté colapsado, aunque sí admitió que existe un problema derivado de la lentitud endémica que sufren los tribunales. Sin embargo, la constatación de que la Justicia sigue dictando sentencias y dándoles curso no permite asegurar que su funcionamiento sea el más adecuado, ni tampoco cabe deducir que la mayor productividad registrada en los juzgados, debida en muchos casos al refuerzo en los medios humanos y materiales disponibles, basta para considerar que aquéllos no están atascados. Entre otras razones, porque el reconocimiento de que se producen dilaciones indebidas supone admitir que no se está garantizando plenamente el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. La claramente insuficiente aplicación de los avances tecnológicos a la Administración de Justicia no sólo está propiciando los retrasos y la comisión de errores que siempre tienen consecuencias personales, sino que dificulta la elaboración de estadísticas fiables y la identificación, por tanto, de las carencias. Resulta cuestionable por ello que el ministro, cuya actuación en la reciente huelga de funcionarios no contribuyó a agilizar la resolución de un conflicto que ha agravado el atraso en los tribunales, se congratule de la puesta en práctica a modo de prueba de un nuevo sistema informático de gestión procesal o de la promoción de la figura del secretario, imprescindible en la reorganización de la Oficina Judicial que no se ha terminado de desarrollar. La confirmación de que la modernización del sistema no ha sido suficiente para aligerar un estancamiento de características estructurales urge a una acción coordinada del Ministerio, las autonomías y el Poder Judicial para determinar el volumen de casos acumulados, detectar las fallas que se están produciendo -lo que exigiría fortalecer los servicios de Inspección- y resolver los desacuerdos ya evidenciados sobre las posibles soluciones.