El PP acepta reformar la Constitución si sirve para cerrar el modelo autonómico

Nadie se opone a modificar la Constitución, pero el Gobierno tendrá que esmerarse si quiere que la propuesta de José Luis Rodríguez Zapatero vea la luz. El Partido Popular avisó ayer de que su disposición a pactar asuntos de Estado con el Ejecutivo no implica un borrón y cuenta nueva. Su premisa para la reforma constitucional sigue siendo la misma: la apoyará siempre que sirva para cerrar definitivamente el modelo autonómico y poner techo a las competencias de las comunidades. Las fuerzas nacionalistas e indepen- dentistas ponen la condición contraria. Si se abre el melón esperan poder discutir sobre el modelo territorial. La tarea del Ejecutivo es buscar ahora el mínimo común entre todas los grupos.

En realidad, las posturas entre PSOE y PP no están tan alejadas, aunque fuentes gubernamentales se muestran escépticas ante la posibilidad de llegar a un entendimiento. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó ayer ante la comisión constitucional del Congreso que su idea es poder llevar a cabo en esta legislatura la misma reforma limitada que ya propuso Zapatero en su primer mandato.

Objetivos

Una reforma que acabó guardada en un cajón y que tenía cuatro objetivos concretos: convertir el Senado en verdadera Cámara territorial, eliminar la primacía del varón en la sucesión a la Corona, incorporar el «proceso de integración europea» e introducir en la norma fundamental los nombres de todas las comunidades y ciudades autónomas.

El portavoz popular en la citada comisión, Federico Trillo, aseguró que su partido dará al Gobierno su «respaldo absoluto» si opta por seguir el dictamen emitido en la pasada legislatura por el Consejo de Estado. El órgano asesor del Ejecutivo, al que Zapatero solicitó un informe sobre la reforma, vino a dar la razón al principal partido de la oposición al sugerir que, a fin de acabar con la premeditada indefinición de la Carta Magna -que dejó abierto el modelo autonómico para que a principios de los 80 pudieran aprobarse los distintos estatutos de autonomía- convendría delimitar las competencias del Estado y de las comunidades en el propio texto constitucional.

Rodríguez Zapatero siempre ha evitado comprometerse con las sugerencias del Consejo. De hecho, una vez tuvo el informe en sus manos, en plena polémica por el 'Estatut', lo abandonó, según la vicepresidenta, porque ya estaba claro que no habría posibilidad de acuerdo con los populares. La cuestión es más compleja. Y la intervención de los portavoces de ERC, Joan Ridao, del PNV, Aitor Esteban, y de CiU, Jordi Xuclà, lo puso de manifiesto. Todos advirtieron a la vicepresidenta de que si se abre el debate constitucional habría que ir «más allá» de lo que plantea el Gobierno.

Paz autonómica

No entra precisamente en los planes de Zapatero meterse en un jardín tan delicado. Y menos después del desgaste que le supuso en la legislatura anterior la discusión estatutaria. La vicepresidenta trató de templar gaitas con el argumento de que una reforma de esta índole sólo debería plantearse para aquellas cuestiones en las que existe un «mínimo acuerdo», pero con la promesa de que «todo se puede discutir». Sin embargo, en su intervención inicial ya había dejado claro el ánimo con el que el Ejecutivo afronta este segundo mandato. «Pasaron los tiempos de la reivindicación, pasaron los tiempos de la confrontación», dijo. «Nuestro sistema autonómico cuenta con la suficiente madurez para que así sea».

El nacionalista vasco Aitor Esteban la cazó al vuelo. «Decretar la paz autonómica porque sí, y unilateralmente -avisó-, no es real». En su respuesta remarcó así que para que la falta de conflictividad que demanda el Gobierno se produzca será necesario habilitar «cauces distintos» a la conferencia de presidentes en la que tanta fe tiene puesta Zapatero. Lo que ni Esteban ni el resto de portavoces recibió mal, aunque todos mostraron cierto escepticismo, es una nueva decisión del Gobierno para que todos los proyectos de ley incluyan una «informe de impacto autonómico» que certifique que la norma no colisiona con los nuevos estatutos de autonomía.

Ley electoral

María Teresa Fernández de la Vega también anunció en su comparecencia que el Gobierno pedirá al Consejo de Estado un informe sobre posibles reformas de la ley del régimen electoral. Dicho informe se someterá al estudio de una subcomisión en el Congreso, aunque fuentes socialistas aseguran que la modificación de esta ley no es una de las prioridades del grupo parlamentario. Además informó que remitirá al Parlamento la prometida ley integral para igualdad de trato y contra la discriminación y una reforma de la ley de libertad religiosa.

El portavoz del PP, Federico Trillo, aseguró que su partido arranca la legislatura con ánimo colaborador, pero demostró que no renunciará a hacer oposición y aprovechó su turno para propinar al Ejecutivo varias estocadas con asuntos colaterales como el pago del rescate por el 'Playa de Bakio' o el fichaje del ex director de la oficina económica de La Moncloa, David Taguas, por la patronal de las constructoras. «Entienda -dijo- que el marcador no está a cero».