Responsabilidad pública
El feliz desenlace en que ha acabado el asalto pirata al buque atunero Playa de Bakio y la retención a la fuerza de su tripulación permite y a la vez obliga a afrontar sin dilación cuantos desafíos y dilemas se han visto reflejados en tan inquietante cautiverio. Los problemas que afectan a la seguridad marítima en torno al Índico, el golfo de Guinea o el estrecho de Malaca exigen el desarrollo del Derecho Internacional para la persecución en aguas nacionales de los piratas que hayan sido descubiertos in fraganti y su enjuiciamiento con garantías. Los trabajos de la comisión creada al efecto en el seno de la ONU y las conclusiones a las que ha llegado la UE invitan a contemplar con optimismo una pronta respuesta global al desafío planteado por la piratería. Pero los países que más precisan la seguridad del tráfico en una determinada zona han de adoptar medidas conjuntas de vigilancia disuasoria sin esperar a que Naciones Unidas logre aunar voluntades a la hora de legitimar la represión universal del delito de piratería.
Actualizado: GuardarLa Audiencia Nacional tiene la obligación de esclarecer lo ocurrido con el Playa de Bakio en todos sus extremos, entendiendo además que junto al asalto y al robo perpetrado por los piratas se ha producido el secuestro de sus tripulantes como método de chantaje económico. El hecho de que las especiales características de dicho secuestro colectivo planteasen la necesidad de abonar la cantidad exigida por los piratas como una condición ineludible para garantizar la vida y la integridad de los pescadores en ningún caso podría obviar la evidencia de que el pago de todo rescate propicia la continuidad del delito organizado. Pero la solución última del dilema moral suscitado no se encuentra en la depuración política o judicial de las responsabilidades que pudieran haber concurrido en el caso, sino en las medidas normativas y operativas que arbitre la comunidad internacional para tratar de evitar que vuelva a ocurrir algo semejante. Nada resulta más elocuente que la críptica mención, por parte de los responsables gubernamentales, al esfuerzo diplomático desplegado para procurar la liberación de los tripulantes del Playa de Bakio. Porque la carencia de un compromiso internacional compartido y eficaz en la salvaguarda de la seguridad marítima traslada del ámbito público al privado una carga de responsabilidad prácticamente imposible de asumir sin bordear los límites de la legalidad. La efectiva libertad de tráfico en los mares y océanos del mundo constituye una conquista de civilidad a preservar por sí misma, antes que por los intereses económicos y estratégicos en juego. Una conquista que compete garantizar a los organismos internacionales y a la colaboración directa entre los gobiernos concernidos por cada zona de riesgo.
