Desaceleración y paro

a desaceleración económica está convirtiendo en realidad las previsiones más pesimistas sobre la evolución del paro en España, que ha registrado en el primer trimestre del año la mayor subida porcentual de los últimos quince, con casi un cuarto de millón de parados y una tasa del 9,6%, la más alta desde 2005. En la provincia de Cádiz se perdieron 10.000 empleos respecto al mismo periodo del año anterior. El impacto de las turbulencias económicas, que se están concentrando en el sector inmobiliario y en el sector servicios, ha provocado que el incremento del desempleo registrado en los primeros meses del año haya sido el mayor desde 1993. La fuerte ralentización obligó ayer al Consejo de Ministros a revisar el cuadro macroeconómico, rebajando al 2,3% las previsiones de crecimiento de este año y el próximo, sólo tres décimas por encima del nivel sobre el que la economía española puede generar empleo. Con todo, el Gobierno alberga la esperanza de que el empleo continuará creciendo entre el 1,2% y el 1,8% en los próximos tres años, ayudado por la menor llegada de inmigrantes y el repunte que el sector industrial y la agricultura parecen experimentar en los últimos meses. Pero después de dedicar diez mil millones de euros a medidas orientadas a insuflar algo de oxígeno en el bolsillo de los consumidores, las negativas cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA) sitúan al Ejecutivo ante la tarea inaplazable de activar mecanismos que permitan dar respuesta a las personas que se quedan sin empleo e instrumentos eficaces que ayuden a recolocar a los parados. No solamente para contener la presión sobre el gasto social que inevitablemente provoca la inactividad, sino porque detrás de cada desempleado se esconde un problema familiar, un préstamo a medio amortizar y un consumidor que queda en la incertidumbre. El objetivo de las políticas económicas que el gobierno socialista tiene que implementar deben estar dirigidas a generar más empleo y de más calidad, apoyándose en el diálogo social. Pero también a incentivar la inversión en los sectores de mayor valor añadido, impulsando la formación laboral que permita a la mano de obra menos cualificada acceder a empleos mejores, y dosificando el esfuerzo presupuestario público para no añadir el problema del déficit a un cuadro macroeconómico ya de por si complicado.