Editorial

Consejo de ministras

La prerrogativa presidencial de nombrar a los integrantes del Consejo de Ministros ha sido aprovechada por Rodríguez Zapatero para contribuir con la designación de más ministras que ministros a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Se trata de una decisión testimonial que puede resultar efectiva, dado que intenta responder al problema de un injusto reparto de los roles sociales, sustentado culturalmente en la preeminencia del hombre en la vida pública y en la dedicación de la mujer al ámbito más privado de la vida social. Sin embargo, resulta elocuente que los nombramientos de nivel inferior realizados en las dos últimas reuniones del Consejo de Ministros ofrezcan un panorama bien distinto, con un total de 54 hombres y de 23 mujeres en altos cargos. Esta proporción de dos a uno representa un avance considerable respecto a funciones encomendadas hace no tantos años a hombres en exclusiva. Pero también delata que, extrañamente, la decisión presidencial de constituir un gobierno con mayoría de ministras no ha sido trasladada al piso siguiente del organigrama de la Administración central; lo cual subraya el carácter simbólico de la fotografía del Gobierno.

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El ejercicio de la política continúa reflejando a una mujer relegada respecto al hombre no sólo mediante una presencia menor en las áreas de responsabilidad pública. La vida institucional ha desarrollado sus propios mecanismos de segregación mediante la asignación de papeles subalternos o considerados más apropiados a la condición femenina, la organización del trabajo y de los horarios de forma imposible de conciliar con tareas y obligaciones personales o familiares, y a través del cuestionamiento de las medidas de discriminación positiva. Tras conocerse la composición del gobierno, la novedad suscitó reacciones desbocadas e incluso ofensivas hacia algunas de las nuevas ministras. Reacciones cuya existencia tampoco puede convertirse en factor que amordace la expresión de aquellas críticas o dudas que se manifiesten de forma razonada y se refieran a la idoneidad de la decisión, a los argumentos utilizados para explicarla o a sus efectos reales respecto al objetivo de la igualdad. Es evidente que estos efectos tendrán mucho que ver con la ejecutoria que ofrezcan las ministras durante su mandato al frente de carteras ciertamente comprometidas. Pero su evaluación en ningún caso puede estar sujeta a un juicio más severo que el que merecería un ministro. Ni su actuación debe estar condicionada por la necesidad de demostrar nada más de lo que debería demostrar cualquier ministro. En este sentido, el viaje realizado por la titular de defensa Carme Chacón para visitar a los militares españoles desplazados a Afganistán, dando testimonio de que una mujer en avanzado estado de gestación puede asumir todos los cometidos que esté en condiciones de desempeñar un hombre, representa un sobreesfuerzo innecesario.