Remedios limitados
Las once iniciativas económicas aprobadas ayer por el Consejo de Ministros, que combinan la inyección de liquidez a las economías domésticas mediante la devolución de 400 euros del IRPF con otras medidas destinadas a aligerar la carga de las hipotecas, incentivar la actividad empresarial y favorecer la recolocación de los nuevos parados, nacen lastradas por un problema de credibilidad. Por una parte, la estrategia de comunicación del Gobierno se ha revelado ineficaz para transmitir un mensaje de serenidad, pero también de empatía hacia las estrecheces que ha empezado a sufrir una parte nada desdeñable de la ciudadanía. Y, por otra, su renuencia a admitir durante el largo período electoral las consecuencias de la crisis crediticia, del fuerte repunte de los precios y del desfallecimiento del sector inmobiliario se contradice con la relevancia que se conferido al nuevo paquete de propuestas para revitalizar una economía de la que se han venido negando sus debilidades.
Actualizado: GuardarAnte un horizonte aún tan incierto, resulta conveniente que el Gobierno no ceda ante las predicciones más agoreras que son imposibles de verificar. Sin embargo, debería asumir que no contribuyen a restablecer la confianza ni sus previas resistencias a reconocer las dificultades, ni una remodelación del Gabinete en el que la incorporación de Miguel Sebastián puede dar lugar a indeseadas duplicidades con Solbes y en el que se ha prescindido del último titular de un ministerio tan sensible como Trabajo. La evolución que presente el mercado laboral determinará el alcance de la desaceleración económica, lo que implica que los esfuerzos tendrían que ir dirigidos más a afianzar las actividades productivas y la creación de puestos de trabajo, a través de herramientas como el abaratamiento de las contrataciones y la promoción de obra pública, que a otorgar ayudas directas a las familias. El tiempo permitirá calibrar si el reintegro parcelado de los 400 euros reactiva el consumo, así como los efectos de la gratuidad del alargamiento de las hipotecas, que si bien puede contener la pérdida de valor de los pisos, también puede resultar contraproducente a la hora de racionalizar el sector inmobiliario. Los apuros que está generando la inestabilidad económica justifican que el Gobierno recurra al superávit que tan previsoramente acumuló en los años de bonanza. Pero está obligado a administrarlo del modo más certero para responder con garantías a la ralentización.
