La Generalitat costeará el 'minitrasvase' del Ebro con la aportación del Estado al Estatuto de Cataluña

El Gobierno y la Generalitat han sellado un pacto para iniciar en mayo las obras de prolongación del llamado 'minitrasvase' del Ebro de Tarragona, con el fin de aportar cerca de unos 50 hm3 de agua al área de Barcelona procedente de los "excedentes" de los regantes del delta.

El coste de las obras para prolongar el minitrasvase del Ebro hacia la zona de Barcelona, un monto calculado entre 160 y 180 millones de euros, se incluirá en lo que el Estado debe de invertir en Cataluña en los próximos años en cumplimiento de la disposición adicional tercera del nuevo Estatut. Así lo ha explicado la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, y el conseller catalán del ramo, Francesc Baltasar, después de reunirse con el presidente catalán, José Montilla.

De esta forma, el importe de la nueva obra no será un coste añadido para el Estado, que sí que aporta en este caso 24 millones de euros para acelerar un plan de mejora de regadíos en la zona del delta del Ebro. La ministra Espinosa también ha explicado que el acuerdo no ha quedado del todo cerrado a la espera de evaluar de forma exacta el coste final de la obra, a la que el Consejo de Ministros del próximo viernes dará luz verde con la aprobación de un real decreto ley

Mas insiste en el Ródano

Previamente, el presidente catalán, José Montilla, se ha reunido con el jefe de la oposición en Cataluña y presidente de CiU, Artur Mas, quien se ha mostrado dispuesto a apoyar la conexión entre el Ebro y Barcelona. Este proyecto, ha recordado, ya defendió el gobierno de Jordi Pujol frente al rechazo de la izquierda catalana, pero ha condicionado su respaldo a que se llegue a un acuerdo global que incluya el Ródano.

Éste ha sido el segundo encuentro en ocho días entre ambos dirigentes, después de que el lunes de la semana pasada ya se reunieran y no consiguieran ningún avance debido al rechazo del presidente de la Generalitat a la propuesta de trasvase del Ródano y a la negativa del líder de CiU a trasvasar agua del Segre a Barcelona.

Tras quedar archivada la propuesta de trasvase temporal del Segre, Mas ha destacado que ahora los gobiernos español y catalán apuestan por "la interconexión de redes entre el agua de Ebro y las cuencas del área de Barcelona", una idea que en 2002 CiU trató de impulsar pero, curiosamente, se topó con la firme oposición de PSC, ERC e ICV-EUiA, que finalmente lograron hacer "abortar" el proyecto por lo que denuncia que se habrán perdido seis años".

Montilla y De la Vega aseguran que no habrá trasvase

La respuesta del presidente Montilla es clara: descarta de plano llevar adelante la "obra faraónica" del trasvase del Ródano, tal como reclama CiU. Así lo ha explicado la portavoz del gobierno catalán, Aurora Masip, que con sus palabras ha evidenciado la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre el Ejecutivo y CiU que exige que se incluya en el acuerdo el trasvase del Ródano, un asunto que Montilla traslada ahora al Parlament para que sea allí en donde los partidos aporten sus ideas.

La portavoz del gobierno catalán ha asegurado que el actual ejecutivo sigue apostando por su política de desalinizadoras -en mayo estará la de El Prat de Llobregat (Barcelona), se creará otra en Cunit (Tarragona) y se ampliará la del río Tordera-, de ahorro de agua y de reutilizar acuíferos y pozos, con lo que confía aportar en los próximos años unos 200 hectómetros cúbicos a la cuenca del Ter-Llobregat, "lo mismo que si se trasvasase el Ródano", ha apuntado Masip.

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández De la Vega, avanzó ayer que la solución no implicaría "ningún tipo de trasvase". Ayer se celebró en Madrid otra reunión de trabajo entre la Generalitat y el Gobierno central, según ha confirmado De la Vega tras el primer Consejo de Ministros de la legislatura.

Críticas del Partido Popular

Un posible trasvase desde el ebro no contenta a todos y el Partido Popular ya ha criticado -en boca de la portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría- que el presidente del Gobierno se haya dedicado a enfrentar y a enconar a las comunidades autónomas en el tema del agua por "propia incompetencia", "incapacidad" y "no tener las ideas claras".

El diputado del PP por Valencia Esteban González Pons ha tildado de "injusticia" que Cataluña, y en concreto la Ciudad Condal, reciba "agua limpia" y, por su parte, a los murcianos, valencianos y almerienses les vayan a construir "ni más ni menos que 26 desaladoras de agua sucia". A su juicio, tales desaladoras son una especie de "centrales nucleares debajo del agua".