CÁDIZ

Empleo no tendrá en cuenta los conciertos con Pascual a la hora de exigir la sanción

El consejero de Empleo en funciones, Antonio Fernández, aseguró ayer que la Junta exigirá el pago de los 6.251 euros a la empresa Pascual si los tribunales ratifican la propuesta de sanción de la Inspección de Trabajo por obligar a sus empleadas de la clínica San Rafael en Cádiz a ponerse falda. «Que nadie dude que esta empresa va a cuestionar el poder sancionador de la Inspección de Trabajo porque tiene un concierto sanitario con la Junta», ha aseverado Fernández. Señaló que «la Inspección tiene absoluta libertad para acometer su política de castigo a quienes infringen derechos, tengan o no relaciones con la Junta», ha continuado el consejero, y recordó que en este asunto el gobierno regional ha actuado de oficio. El consejero en funciones, quien ha dicho que de momento no ha recibido ningún recurso de la empresa a la propuesta de sanción, ha dicho que ésta, una vez que sea firme por los tribunales, «la ejecutarán y cobrarán».

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Trabajo ha propuesto a la Consejería andaluza de Empleo sancionar a la empresa Pascual con 6.251 euros al entender que ha incurrido en una infracción muy grave al obligar a sus empleadas de la clínica San Rafael en Cádiz a desempeñar su trabajo con uniforme de falda. Pascual tiene quince días para presentar alegaciones a esta propuesta de sanción, sobre la que decidirá más tarde la Consejería. Sin embargo, la dirección de San Rafael ha reafirmado la intención de mantener la indumentaria, ya que es un derecho del empresario recogido en el articulo 20 del Estatuto de los Trabajadores y está dispuesta a acudir a los tribunales.