Seguridad y libertad

as alarmantes declaraciones de la ministra británica de Interior sobre la existencia de una grave y creciente amenaza terrorista contra el Reino Unido después de que las agencias de seguridad y la policía descubrieran treinta complots activos suponen un aldabonazo contra la propensión de las sociedades democráticas a relajar su combate contra la violencia terrorista cuando se extingue el rescoldo de los últimos atentados. La coincidencia de estas revelaciones, en las que la ministra, Jacqui Smith, detalla la identificación de dos mil individuos sospechosos bajo vigilancia y doscientas redes implicadas en la preparación de los complots, con el debate del Proyecto de Ley Antiterrorista de 2008, pieza clave de la agenda legislativa del Gobierno de Gordon Brown, sugiere la intención de ir preparando a la opinión pública británica para un debate que regresará a la recurrente contraposición entre seguridad y libertad. El proyecto legislativo recoge una disposición que permitiría a las autoridades policiales incrementar de 28 a 42 días el plazo de detención sin cargos de sospechosos de terrorismo, ampliación que ha creado una gran controversia en el Reino Unido. En 2005 el Gobierno de Tony Blair extendió el plazo de 12 a 28 días y se estrelló contra las resistencias de la oposición y su propio partido Laborista cuando propuso ampliarlo hasta noventa días. La paradoja y a la vez grandeza de las sociedades democráticas amenazadas por las redes de terrorismo internacional es que necesitan protegerse de un fenómeno que cada vez es mas profundo y difícil de combatir pero al tiempo se resisten a sacrificar sus libertades y garantías legales en pro de una mayor seguridad. Probablemente esa misma tensión social es la que impide que se impongan los dispuestos a sacrificarlo todo por la seguridad y que tampoco triunfen los que aduciendo la inviolabilidad de los derechos civiles faciliten la tarea a los enemigos de la democracia y la libertad.