Necesidad de acuerdos
La sesión de investidura a la que ayer se sometió la candidatura de Rodríguez Zapatero se convirtió, en buena medida, en la continuación del debate electoral atenuado, en cuanto a las formas, por el dato insoslayable del veredicto de las urnas. El candidato socialista dedicó su exposición a desgranar, en lo sustancial, las iniciativas que había ido anunciando durante la campaña sin añadir prácticamente novedades a lo ya prometido. El líder popular basó su voto negativo a la investidura más en la desconfianza que le genera la trayectoria de gobierno de Rodríguez Zapatero que en una detallada discrepancia con sus propuestas. La aplicación ineficiente de determinadas leyes, las incoherencias en materia de agua, o la aparición de desigualdades territoriales fueron algunos de sus argumentos más contundentes. Pero las réplicas y contrarréplicas entre Zapatero y Rajoy evidenciaron la existencia de dos cuestiones que darán la medida de la legislatura: la respuesta que den las instituciones a las dificultades económicas y la dimensión que alcancen los posibles acuerdos entre el Gobierno y el primer partido de la oposición.
Actualizado: GuardarEl candidato a la Presidencia insistió ayer en calificar el momento económico como «fase de desaceleración», avanzando sus propósitos para «reforzar las capacidades de crecimiento de nuestra economía». Con ello mostró su intención de aferrarse a los pronósticos menos inquietantes sobre el horizonte inmediato. Pero quedaría por conocer la magnitud real que el nuevo Gobierno quiera conceder a sus iniciativas anticíclicas, en especial en materia de inversión pública. Las modificaciones que el Gobierno introduzca de facto en las previsiones presupuestarias para el presente ejercicio y la tramitación de las cuentas públicas para 2009 señalarán, en el plazo de meses, el rumbo exacto que quiere adoptar el por ahora candidato a la presidencia.
Sin embargo, la confianza que volvió a mostrar ayer en poder soportar el embate económico gracias al superávit público acumulado, su empeño en mantener los compromisos contraídos durante la pasada campaña electoral en materia de política social, y el énfasis puesto en un momento de su intervención en el incremento «también de los salarios» plantean serias dudas sobre la solvencia programática de unas intenciones ideadas sobre previsiones de crecimiento que ni siquiera el propio Rodríguez Zapatero se atrevería a defender hoy. En este sentido, la propuesta de Mariano Rajoy de fijar un techo de gasto para las administraciones autonómica y local parece razonable siempre que se hiciera de acuerdo con las mismas.
Rodríguez Zapatero fijó ayer los ámbitos que debería contemplar una política de Estado consensuada -la estrategia antiterrorista, la acción exterior y europea, el poder y la administración judicial y la financiación autonómica- eludiendo en su enumeración una materia tan sensible como la educación. De las palabras del candidato cabe deducir una implícita rectificación y una disposición al acuerdo con el PP en la lucha contra ETA.
Por su parte, el propio resultado electoral obliga a los populares a variar su actitud respecto a la implacable oposición practicada en los cuatro años anteriores. Pero la llamada de Rodríguez Zapatero al establecimiento de una estrategia «compartida por todos los partidos» no debería convertirse, ni en esta materia ni en otras, en coartada para apuntalar una acción unilateral justificada por las dificultades que entraña alcanzar una postura unánime.
La coincidencia entre el Gobierno y el PP no tiene por qué disuadir a las demás formaciones parlamentarias -tampoco a las nacionalistas- de ser partícipes del consenso. Pero si Rodríguez Zapatero se ve en la necesidad de optar por una alianza u otra en los temas señalados, debería tener claro que su prioridad ha de ser la del acuerdo con la formación con la que los socialistas están llamados a alternarse en el Gobierno de España. Ello es especialmente relevante a la hora de definir un marco duradero para la financiación autonómica; sobre todo si el Gobierno pretende preservar para la Administración central el 50% del gasto público y reservarse los recursos provenientes del Impuesto de Sociedades. Una tarea que sólo puede afrontarse con responsabilidad una vez se conozcan las balanzas fiscales, cuya publicación prometió ayer Rodríguez Zapatero para antes de dos meses, y tras la sentencia que el Constitucional dicte respecto al nuevo Estatuto catalán como límite máximo.
En cualquier caso, la sesión de ayer no supuso más que un breve preámbulo para una legislatura cuyo desarrollo dependerá políticamente de la sincera voluntad que manifiesten Rodríguez Zapatero y su partido para acortar las distancias que durante cuatro años han mantenido respecto al primer partido de la oposición, y de la entereza y cohesión con la que éste sea capaz de contribuir a la solución de los grandes problemas de los españoles mostrándose proclive al acuerdo con el Gobierno.
