El recurso que pide anular el juicio del crimen de La Punta llega al juez que lo decidirá
Las defensas de los tres condenados por la muerte de Fran Gamboa, en el conocido caso del crimen de La Punta, han sido informados mediante providencia del Tribunal Supremo, que las actuaciones han sido entregadas al magistrado-ponente que decidirá sobre el futuro inmediato de una causa, que podría ser devuelta a la Audiencia Provincial para que ésta celebre una nueva vista oral, en este caso con tribunal del jurado.
Actualizado: GuardarEsta comunicación es la antesala a una posible decisión muy esperada, sobre todo, por la nueva defensa del principal procesado, Juan Carlos Martín Lechugo. Su abogado ha planteado al Álto Tribunal que debe declararse nulo el procedimiento porque el delito que se enjuiciaba, un homicidio, debió haber sido sometido al veredicto de un jurado porque está dentro de las competencias que se le atribuye por ley.
Este recurso provocó que el Supremo consultara de oficio a las defensas y a la Fiscalía si estaban de acuerdo con la posibilidad de que se volviera a repetir el juicio, anulando así las actuaciones judiciales ejecutadas hasta la fecha. Según confirmó el nuevo abogado de Martín Lechugo, Manuel Tuero Madiedo, su respuesta fue en sentido afirmativo al ser los impulsores de ese recurso.
Fuerte atraso
Ahora sólo queda que el magistrado-ponente del Supremo adopte una decisión favorable o no para los intereses de los tres procesados. Pero la causa está teniendo un desarrollo muy lento debido al importante atasco que presenta el Álto Tribunal, que está afectado por la huelga que mantienen los funcionarios de Justicia en diferentes comunidades autónomas.
La sentencia de la Audiencia Provincial que condenaba a 14 años de prisión a Martín Lechugo como autor material del homicidio y a los otros dos procesados a cinco años y nueve meses y cinco años, respectivamente, se hizo pública a finales del mes de enero del año pasado. Quiere decir que los recursos planteados en el Supremo llevan más de un año sin que se hayan resuelto. Fuentes jurídicas consultadas confirmaron a este medio que el Álto Tribunal suele tardar, de media, menos de un año en las causas con preso, ya que la situación penal del procesado está pendiente de esa decisión y puede superar el plazo máximo que se establece para la prisión preventiva; lo que obligaría a ponerlo en libertad hasta que no se alcance un fallo firme.
