El nuevo Gobierno belga sitúa su objetivo en la reforma institucional

Bélgica cerró ayer nueve meses y medio de crisis política e institucional con un nuevo Gobierno presidido por el líder flamenco demócrata Yves Leterme, en el que se encuentran representadas las formaciones políticas que lo constituyen: socialcristianos o 'humanistas' y liberales del norte y del sur y los socialistas valones.

Se trata de un Ejecutivo con amplio respaldo parlamentario. El suficiente para acometer las reformas institucionales que la práctica totalidad de la clase política flamenca, y buena parte de su ciudadanía, reclaman desde hace tiempo. El objetivo es dar viabilidad a un país que se ha situado fuera del mercado por sus excesos fiscales y por un modelo de derechos sociales e individuales que resulta de una acumulación acrítica de privilegios costosos en tiempos de vacas gordas, que no se sabe cómo seguir financiando, porque posiblemente sea imposible.

Se trata de una coalición pentapartita, de dimensiones casi elefantiásicas, aunque su referencia electoral sea la de un país de apenas 10,5 millones de habitantes. Cuenta por ello, y para respetar los equilibrios internos de cada uno de sus integrantes, con quince ministros y siete secretarios de Estado. Conocida la amplísima huella institucional del nuevo Gobierno, los Verdes, que se encuentran al margen de él, calificaron la distribución de responsabilidades gubernamentales de «indecente».

Veintidós cargos ejecutivos de rango federal son muchos puestos, de modo que Bélgica se vio ayer remunerada con un esquema de carteras ministeriales sencillamente fantástico. Además de las tradicionales competencias, aparecen otras resultantes del extraño alambique de los maridajes políticos, como el Ministerio de las Pequeñas y Medianas Empresas, de los Autónomos, de la Agricultura y de la Política Científica, otro de la Integración Social, las Pensiones y las Grandes ciudades, de Lucha contra la pobreza o de los Minusválidos.

Además, y por obra y gracia de que éste es un país que tradicionalmente se gobierna desde el compromiso, los socialistas valones, que fueron los perdedores de las elecciones de junio, continúan en el Gobierno con dos figuras, además, especialmente criticadas por la ciudadanía: Laurette Onckelinx, que será vicepri- mera ministra y titular de la cartera de Asuntos Sociales y Salud Pública; y María Arena, una muy controvertida hasta ahora presidenta de la Comunidad Francófona que pasa a ser ministra de la Integración Social, de las Pensiones y de las Grandes Ciudades. La mayor de Bélgica es Bruselas y tiene un millón de habitantes.

Cuatro meses de margen

Con respecto a la toma de posesión, ante la Cámara, Leterme se situó en otro plano. Manifestó que «estos últimos meses, -en alusión a los nueve y medio que Bélgica ha tenido un Gabinete en funciones-, no se han perdido. Han servido para demostrar que claramente es necesario llegar a un nuevo equilibrio entre las comunidades, las regiones y el Estado federal. Se ha demostrado que hace falta una nueva reforma del Estado», sentenció.

De momento, su partido, le ha dado a Leterme hasta julio para cumplir con sus compromisos para la tan esperada reforma. Su optimismo de ayer es probablemente excesivo, vista la inamovilidad de los valones.