TRIBUNA

Los generales del siglo XXI

Recientemente, se ha aprobado la Ley 39/2007 de la carrera militar, entre cuyas principales novedades destaca la reforma ¿una vez mas? de la enseñanza militar. En los últimos años, al menos otras tres leyes anteriores a la recientemente aprobada han reformado la enseñanza militar en 1980, 1989 y 1999. Sin embargo, ninguna de estas leyes cambió sustancialmente la enseñanza superior militar, cuya verdadera y silenciosa reforma se produjo como consecuencia del desarrollo del Decreto 528/1973, dictado al amparo de la Ley General de Educación de 1970.

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El preámbulo de la reciente Ley 39/2007 declara que: « La enseñanza militar experimenta una importante reforma profundizando en el proceso iniciado por la Ley 17/1989, del 19 de julio, donde la formación obtenida en los centros docentes militares, era equivalente a titulaciones del sistema educativo general ».

Sin embargo, se olvida la nueva Ley, la equivalencia en rango y duración de los estudios de la enseñanza superior militar con los estudios superiores civiles no se inicia en el año 1989, sino que ya se estableció formalmente -en la realidad fue mucho antes-, en la Ley 97/1966, aunque es el Decreto 528/1973 el que adapta la enseñanza militar al sistema educativo general, hasta el punto de que a partir de dicho año el ingreso en la Academia General Militar, por sorprendente que ahora pueda parecer, se obtenía como consecuencia de las calificaciones otorgadas por profesores civiles de la Universidad de Zaragoza. Tan innovador, objetivo e imparcial sistema de selección fue suprimido en una de las recientes reformas. La recién aprobada Ley prevé un nuevo sistema de selección para el ingreso en las academias militares, y todo parece indicar que se van a reducir de cinco a cuatro los años de duración de la carrera militar superior -siguiendo los criterios de Bolonia-, pretendiéndose «mantener la exigencia de una excelente formación militar» a la vez que «se obtiene un titulo de grado universitario -sin decir cual- expedido por la correspondiente Universidad, a través de un novedoso -y quizás milagroso- sistema de centros universitarios de la defensa adscritos a universidades públicas y ubicados en las citadas academias militares».

Este sistema, que se ha presentado como ultramoderno, ya fue desechado en el Ejército hace un siglo, tiempo en el que los oficiales de Artillería e Ingenieros obtenían el titulo de Ingeniero Industrial a la vez que cursaban sus estudios militares, y es que, al parecer, aquel titulo civil se conseguía en detrimento de su formación estrictamente militar. En cinco años no daba para las dos cosas. No acabamos de comprender como, a partir de ahora, se podrán obtener en cuatro años unos conocimientos que hasta la actualidad necesitaban de al menos diez. Duros a cuatro pesetas académicas.

Tampoco se aclara como se van a conciliar las necesidades de la Defensa Nacional con la autonomía de los centros universitarios de la Defensa, de las Universidades de las que dependerá, así como de la autonomía propia de la las Comunidades Autónomas con competencia sobre éstas con competencia sobre las mismas.Tampoco se entiende que los centros universitarios de la Defensa tengan la autonomía (¿del Ministerio de Defensa?) universitaria que la Ley le concede.

En mi opinión, el resultado de la enseñanza superior militar en estos últimos treinta años es mas que satisfactorio. Aunque es mejorable, con el actual sistema, con sus deficiencias, España ha podido contar en los últimos treinta años con unos profesionales que, adaptándose a los tiempos, han cumplido adecuadamente su función. Prueba inequívoca de ello ha sido el prestigio internacional alcanzado por nuestras Fuerzas Armadas en el ejercicio de las misiones en el exterior, donde, haciendo un gran esfuerzo, han sido apreciadas, respetadas y frecuentemente felicitadas por las autoridades internacionales y por la población civil. Así lo reconoció SM El Rey en la última Pascua Militar.

Por tanto, yerran el tiro quienes creen que las carencias de nuestras Fuerzas Armadas tienen su origen en una deficiente o inadecuada preparación de nuestros militares, mucho antes que ello, se encuentra en la insuficiente dotación presupuestaria. En la actualidad, el gasto en defensa en España sigue siendo el más bajo entre los aliados europeos de la OTAN, a excepción del pequeñísimo Luxemburgo. El presupuesto de Defensa español es una quinta parte del británico o del francés, una cuarta parte del alemán y un tercio del italiano. España se encuentra, por su esfuerzo militar en Defensa, muy lejos de las grandes potencias europeas. El presupuesto de Defensa no ha hecho más que menguar en los últimos años, hasta alcanzar una situación de raquitismo presupuestario que, en mi opinión, pone en entredicho la adecuada operatividad de las Fuerzas Armadas.

Recientemente, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado un interesante trabajo -quizás el mas completo- de investigación sobre nuestras FF AA del Catedrático de la Universidad de Barcelona, Rafael Martínez, titulado Los mandos de las Fuerzas Armadas españolas del siglo XXI. Analiza entre otros aspectos la enseñanza militar, y además, compara la situación y opiniones de nuestros cadetes con los europeos. Tras su análisis, el profesor Martínez califica el proceso educativo y formativo en nuestras academias militares como globalmente satisfactorio, aunque no niega que sea mejorable, sobre todo teniendo en cuenta que la formación de un oficial es muy polifacética y heterogénea. El autor del mencionado informe llega incluso a comparar determinados aspectos del modelo educativo de nuestras academias militares con el de las universidades de prestigio internacional como Yale, Harvard, Oxford o Cambridge.

No se si será para tanto, pero parece fuera de toda duda que la enseñanza superior militar en España ha sido y es de calidad, hasta el punto de que esa adecuada formación es percibida por la opinión pública, ya que en su estudio, el profesor Martínez incluye los datos de una encuesta sobre la capacitación de nuestros militares en la que sube un 47%, entre los años 1986 y 1992, el porcentaje de ciudadanos que considera están muy o bastante capacitados.

Así las cosas ante esta situación, resulta oportuno preguntarse sobre si era necesaria la radical reforma aprobada (sin consenso con la oposición), y si el sentido y profundidad de la misma son los adecuados para mejorar la enseñanza militar, y si no hubiera sido más prudente -antes de poner patas arriba la misma mediante inventos que no sabemos a donde nos conducirán- mantener lo satisfactorio, corregir lo mejorable, y sobre todo, dotar los presupuestos adecuados para nuestras Fuerzas Armadas. Claro que una cosa es predicar y otra repartir trigo.