Al descubierto

La Fiscalía General del Estado abrió ayer con su demanda ante el Tribunal Supremo el camino para ilegalizar al PCTV, la marca de la izquierda abertzale que más ha logrado hacer perdurar su actividad política e institucional desde que los tribunales proscribieran a Batasuna. El PCTV se ha conducido en el Parlamento de Vitoria desde 2005 como una formación protegida por el paraguas de la legalidad, hasta que la Fiscalía ha acumulado indicios suficientes para actuar contra ella por su «comprobada subordinación» a los dictados de ETA y su «intensa instrumentalización» por parte de Batasuna. Las pruebas documentales aportadas constatan, más allá de la sospecha, la conexión económica y operativa entretejida no sólo entre EHAK y Batasuna, sino entre ambas y ANV, al cobijo de una utilización progresivamente fraudulenta de la legalidad institucional. Especialmente sangrante resulta al respecto que en la relación de 49 dirigentes y cualificados militantes de la izquierda abertzale a los que el PCTV tenía en nómina desde julio de 2006 figure un etarra condenado en su día por planear el asesinato de un concejal socialista. Pero es la contundencia de ese relato probatorio el que siembra dudas sobre los verdaderos motivos de las vacilaciones que ha exhibido la Fiscalía antes de formalizar su demanda y el que lleva a cuestionar su convicción final de que EHAK no emergió en las autonómicas de 2005 como un vehículo para suceder a Batasuna, sino que le ha prestado un «auxilio valioso» con una estructura diferenciada. El Ministerio Público justifica en esa distinción que haya optado por requerir la ilegalización en vez de recurrir al trámite más ágil de ejecución de las sentencias ya dictadas, solicitando al tiempo medidas cautelares para impedir que el PCTV prosiga con su actividad política y siga disfrutando de sus cauces de financiación institucional.