Opinion

Prevenir el terrorismo

El auto de prisión dictado por el juez Ismael Moreno para diez de los catorce detenidos la pasada semana en Barcelona como supuestos integrantes de una célula yihadista, inspirada en el movimiento rigorista Tabligh e Jamaa, no ha logrado disipar la confusión generada en torno al peligro que entrañaba dicho grupo y a si iba a atentar de inmediato. Las contradicciones que se aprecian entre el relato de hechos por parte del Juzgado Central de Instrucción y la versión menos alarmista que -tras conocerse el auto-, transmitió el ministro Rubalcaba no se atienen al mínimo exigible en estos casos: que la interpretación judicial constituya la última palabra en cada fase del procedimiento. Entre «la pretensión de llevar a cabo diversas acciones terroristas suicidas el pasado fin de semana», que consta en el auto, y la afirmación de que la célula se encontraba «en proceso de entrenamiento», versión del ministro de Interior, dista un trecho que no debió darse. Si las acusaciones están sustentadas fundamentalmente en las manifestaciones de un testigo protegido, el contenido y la credibilidad de las mismas tendría que contar con una valoración más coincidente entre investigadores e instructor. En cualquier caso, la actuación de la Guardia Civil y la prisión incondicional decretada por el juez presentan un elemento en común: impedir que los integrantes de la célula lleguen a atentar. Por encima de las diferencias sobre la naturaleza precisa del riesgo, prevalece la certeza de que el riesgo existía.

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La lucha global contra el terrorismo yihadista ha dado lugar a graves excesos, como el limbo jurídico representado tan crudamente por la cárcel de Guantánamo. Pero los errores más irreversibles han sido cometidos por defecto; por minusvalorar la entidad de una amenaza o la disposición de un grupo caóticamente organizado a perpetrar una masacre. Así ocurrió antes del 11-S en EE UU, del 11-M en España, e incluso del 7-J en Gran Bretaña. Las acusaciones de integración en organización terrorista, que afectan a todos los encarcelados, y las de tenencia de explosivos, que pesan sobre la mayoría de ellos, parecen suficientemente fundadas como para que constituyan el punto indiscutible en el que es el juez quien dicta la última palabra.