Bruselas eleva al 20% la cuota de consumo de energía renovable para España en 2020

La Comisión Europea desvelará el próximo miércoles la cuota de energías renovables sobre el total del consumo que deberá cumplir cada Estado miembro para el año 2020. Para España, el objetivo obligatorio se situará alrededor del 20%, más del doble de la producción actual. Los jefes de Estado y de Gobierno acordaron en marzo de 2007 que la UE reducirá sus emisiones de efecto invernadero un 20% en 2020 respecto a los niveles de 1990 para combatir el cambio climático. También pactaron que el 20% del consumo de energía en 2020 deberá proceder de fuentes renovables y que se deberá utilizar un 10% de biocarburantes en el transporte.

Bruselas pondrá sobre la mesa el día 23 un paquete de medidas sobre energía y cambio climático para poner en práctica estos acuerdos. El paquete está compuesto de tres elementos. En primer lugar, una revisión de la norma que regula el comercio de emisiones. También aprobará qué porcentaje de reducción de emisiones tiene que llevar a cabo cada Estado miembro de aquí a 2020 para cumplir el objetivo común del 20% y qué cuota de renovables asigna a cada país.

La unanimidad que presidió la cumbre de marzo se ha transformado en una dura polémica por la resistencia de los países a aceptar los objetivos propuestos por Bruselas. La Comisión ha tenido que retrasar la presentación de sus planes, que en principio estaba prevista para diciembre, y las presiones continúan, hasta el punto de que las propuestas pueden cambiar hasta el último minuto. Francia es uno de los países más descontentos con la cuota de renovables que le pretende asignar Bruselas (del 23%, según la prensa) y el propio presidente, Nicolas Sarkozy, ha escrito una carta al presidente del Ejecutivo comunitario, José Manuel Durao Barroso, para decirle que no está dispuesto a aceptar un objetivo superior al 20%.

En el caso de España, un objetivo del 20% para 2020 supondría aumentar en más de 11 puntos la cuota de renovables de 2005, que fue del 8,7%. España acepta la propuesta de elevar el consumo de renovables, pero demanda un recorte menor de la emisión de CO2. «Un objetivo de un 19,5% de uso de renovables en el año 2020 encaja perfectamente con nuestra propia estrategia nacional, que ya fue aprobada incluso por el Gobierno en esta legislatura, que estableció el 20% en 2020, pero hay todavía que seguir discutiendo el porcentaje de emisión de gases», declararon fuentes del gobierno español.

Otra preocupación para el Gobierno en materia de renovables es la intención del Ejecutivo comunitario de proponer que las empresas puedan comprar y vender certificados de renovables porque considera que ello podría poner en riesgo el sistema español de primas de acceso a la red y el propio cumplimiento de los objetivos. El ministro de Industria, Joan Clos, y el ministro alemán de Medio Ambiente, han enviado una carta al comisario de Energía, Andris Piebalgs, para comunicarle el temor. Las fuentes consultadas explicaron que las presiones de España y Alemania han surtido efecto y que finalmente la CE dejará en manos de los Estados la última palabra en esta materia. De esta forma, los Gobiernos podrán garantizar el cumplimiento de los objetivos nacionales antes de permitir la venta de certificados.

Oleada de protestas

Junto con el reparto de los objetivos para renovables, la Comisión presentará una propuesta para reformar la directiva de comercio de emisiones, cuya principal novedad es que a partir de 2013 la mayoría de los permisos de contaminación (al menos dos tercios) ya no se concederá gratuitamente a las industrias como hasta ahora sino que se subastará. Esto ha provocado grandes protestas.

Las patronales alertan que los pagos por los derechos de emisión aumentarán el precio de la electricidad y dañarán la competitividad de las empresas, ya que quedarán en una situación de desventaja respecto a otros países que no aplican criterios medioambientales tan estrictos.

El tercer elemento del paquete es el reparto entre los Estados miembros de las reducciones de CO2 que deberán realizar los sectores que no están cubiertos por el sistema de comercio de emisiones, como el transporte, la vivienda, la agricultura y la ganadería o los residuos.