Editorial

Seguridad pendiente

L a disminución el pasado año en un 12,8% de los accidentes de trabajo con víctimas mortales justifica el optimismo mostrado por el Ministerio de Trabajo y por UGT sobre los resultados de las medidas para frenar una lacra social que sigue cobrándose, pese a todo, la vida de tres trabajadores por día. El balance de 2007 permite constatar una notable reducción de los fallecimientos -116 menos-, en la dimensión más irreversible de la siniestralidad laboral, un descenso que quintuplica el logrado en el ejercicio anterior. Sin embargo, el recorte resulta casi inapreciable en aquellos accidentes que se saldan con heridas de carácter grave y leve. Si a ello se añade que el total de siniestros que desembocan en baja laboral -963.054- permanece inalterable mientras crece un 10% los que no la producen, se aprecia con precisión lo que suponen las estadísticas de los últimos doce meses: más esperanzadoras sobre el combate contra la mortalidad en el trabajo que sobre el volumen de siniestros y su incidencia. Un drama cotidiano que deja 8.000 heridos graves cada año, de cuyas secuelas no existe constancia oficial. Nuestro país continúa enfrentándose al reto que supone disponer de unas leyes de protección e higiene en la actividad profesional homologadas con la normativa europea desde hace más de 15 años pero cuya aplicación no redunda en un cumplimiento igualmente equiparable. De ahí que resulte prematuro evaluar la eficacia de la nueva Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, puesta en marcha el pasado mes de septiembre. Pero las cifras sí parecen indicar que las reiteradas advertencias sindicales, la creación de una Fiscalía específica sobre la materia y medidas por parte de las distintas Administraciones como un mayor control en las adjudicaciones de contratas están contribuyendo a reducir las negligencias e irresponsabilidades que acaban provocando los accidentes mortales. Aunque sería preciso, no obstante, que se clarifique la posible repercusión que haya tenido la menor productividad registrada en el sector servicios y en la construcción.

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Una vez diseñado un adecuado marco normativo, el objetivo prioritario debe ser dotar a los poderes públicos de los recursos suficientes para realizar una inspección eficaz que alcance también a aquellas pequeñas empresas donde el control de la seguridad resulta más difícil de realizar.