Rigor y moderación
La comparecencia de la vicepresidenta Fernández de la Vega ante la Comisión Constitucional del Congreso para exponer la posición del Gobierno ante las fuertes desavenencias que mantiene con cualificados representantes de la jerarquía católica y el debate posterior vinieron a confirmar que la diatriba está afectada de confusión conceptual e inmoderación. Fernández de la Vega recordó en su comparecencia que la propia Constitución dispone que «ninguna confesión tendrá carácter estatal». Ni la Iglesia católica ni ninguna otra confesión pueden pretender dictar o condicionar el contenido de las leyes como transposición de sus planteamientos morales y creencias. Como apuntó la vicepresidenta, la acción del Estado «debe estar guiada por el interés general democráticamente formado a partir de la deliberación y participación pública». Pero ello no significa que la determinación de las bases éticas sobre las que se asientan las normas quede zanjada, sin posibilidad de réplica social, en cada votación parlamentaria, sobre todo cuando ésta no a lcanza el consenso de la cámara legislativa.
Actualizado: GuardarPor eso, las discrepancias surgidas en torno a iniciativas legislativas del actual Gobierno no deberían ser consignadas por éste como una mera expresión doctrinaria, y mucho menos ser sometidas a un juicio de intenciones que las sitúe fuera del debate que concierne a las propias instituciones. Si la sociedad española no necesita tutelas morales, no las necesita en ningún sentido. Nadie puede tratar de imponer a nadie una determinada moral o convicción religiosa. Sin embargo, la libertad religiosa tampoco debería, en una sociedad abierta, constreñirse a una vivencia intimista de la fe. La afirmación de que en España «se diluye la democracia, se ataca a la familia y se vulneran los derechos humanos» constituye un exceso verbal sin paliativos. Pero también expresa una inquietud que, de manera puntual o matizada, está presente en el sentir de muchísimos ciudadanos. Tanto los representantes institucionales como la jerarquía de la Iglesia católica tienen la responsabilidad de conducir las desavenencias hacia el entendimiento o, en su defecto, hacia la máxima moderación. Y tienen especialmente la obligación de evitar el enconamiento de posturas ante la coincidencia, en los primeros días de marzo, de la elección de la presidencia de la Conferencia Episcopal con la posterior celebración de los comicios generales.
