La segunda descentralización
El tajante llamamiento realizado al Gobierno por el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, el socialista y alcalde de Getafe desde hace 25 años, Pedro Castro, para que dote de más instrumentos a los ayuntamientos y se resuelva la crónica falta de recursos económicos de estos viene a recordar la asignatura pendiente que para nuestro país sigue siendo la financiación local. La importante descentralización que España ha experimentado desde la llegada de la democracia, paradójicamente, no se ha reproducido en el ámbito municipal y así, en nuestro país, el proceso de transferencia de poder se ha centrado en el trasvase de competencias desde el Estado central hacia unas Comunidades Autónomas que -como ha recordado Castro- han asumido el 34 % de éstas frente al 14 % que tienen los gobiernos locales, cuando en la UE la media competencial de los Ejecutivos locales supera el 25 %. Y sin embargo, las corporaciones locales no han dejado de crecer en este mismo período de tiempo y de ofrecer cada vez mayores servicios a sus habitantes.
Actualizado: GuardarEn España llevamos desde la última legislatura de José María Aznar hablando de la segunda descentralización para que, al igual que ha sucedido con la que ahora termina, todo quede finalmente en un elenco de buenas intenciones y mejores propósitos para el año que bien. Pero debemos tener muy claro que el principio de subsidiariedad en el que se apoya nuestro modelo de organización territorial, y por el que se delega siempre que sea posible en la Administración más cercana al ciudadano la implementación de los servicios que realmente contribuyen a la mejora de su calidad de vida, necesita de un modelo de financiación coherente que no comprometa la evolución lógica de la función local y con ella el principio de igualdad dentro del territorio nacional. Mantener el actual sistema de financiación municipal, basado sobretodo en la obtención de recursos mediante impuestos sobre el patrimonio inmobiliario -actualmente el 50% de sus ingresos- no solo empuja a los ayuntamientos a buscar fondos en insostenibles recalificaciones urbanísticas sino que además, y es lo más grave, compromete el nivel de prestaciones de estos ante cambios de coyuntura social o económica, como los que ya vivimos con el aumento de la inmigración y la desaceleración de la construcción.
