Polémico canon
El acuerdo alcanzado por los Ministerios de Cultura e Industria sobre la definitiva cuantía del canon digital trata de encauzar un conflicto de intereses cuya eventual resolución requeriría, cuando menos, de un amplio consenso político ante las dificultades para satisfacer plenamente a los sectores concernidos. El hecho de que el Congreso pueda revocar mañana la imposición legislativa del gravamen no hace sino añadir confusión e incertidumbre al debate público sobre la pertinencia o no de establecer una remuneración compensatoria para los derechos de autor. Esta contrapartida, aplicable a cualquier soporte que permita grabar archivos digitales pero también a los teléfonos móviles, los MP3 y las memorias USB, encuentra una razonable justificación en el perjuicio que están comportando las copias privadas y el pirateo para los creadores españoles. Sólo en el último año, los internautas descargaron ilegalmente cerca de 80 millones de películas y más de 500 millones de archivos musicales, lo cual testimonia un limitado respeto social hacia la propiedad intelectual y los legítimos derechos de los autores.
Actualizado: GuardarSin embargo, la imposición de un canon digital también plantea contraindicaciones que no deben obviarse. Su aplicación indiscriminada por copia privada parece presumir no ya que todos los ciudadanos se descargan películas, archivos musicales y tonos telefónicos, sino que incluso muchos de ellos también se encuentran cotidianamente implicados en el pirateo. Esta objeción se hace más evidente en el caso de los teléfonos móviles y las memorias USB, propios del ámbito de las telecomunicaciones y la informática antes que de las copias domésticas. Junto a ello, el recorte en las tarifas acordado por el Gobierno sobre grabadoras y soportes resulta meramente estética, dado que la imposición del gravamen sobre los móviles compensará con creces las reducciones: se prevé una recaudación superior a los 17 millones de euros anuales, cuando se venden 24 millones de teléfonos. La ausencia de una sensibilización colectiva sobre la necesidad de proteger los derechos de autor obliga al Ejecutivo a amparar los derechos eventualmente quebrantados. Pero también ha de procurar fórmulas que no entorpezcan la adaptación de nuestro país de la sociedad de la información encareciendo los productos tecnológicos, además de evitar la utilización del canon como excusa para considerar justificada la copia privada, el pirateo y la vulneración del copyright.
