Sin desenlace

a condena a 28 años de cárcel impuesta al ex-dirigente de los GRAPO Fernando Silva Sande por el secuestro en 1995 del empresario Publio Cordón, avanza en el cierre judicial de uno de los sumarios más inquietantes de la historia del terrorismo en España. Pero el fallo ha de producir, necesariamente, una sensación agridulce a la familia, que aún continúa sufriendo la inimaginable tortura que supone desconocer qué suerte corrió el cautivo. La resistencia de los secuestradores a revelar datos fidedignos sobre el posible paradero de su víctima, cuando el silencio no les permite ya eludir sus responsabilidades penales, no hace más que evidenciar la inhumanidad de quienes sobreviven utilizando el terror. Pero esta constatación debe espolear aún más a las Fuerzas de Seguridad del Estado y a los responsables judiciales para que prosigan con las investigaciones que puedan desembocar en el cierre definitivo del caso y de la insoportable incertidumbre que padecen los familiares de Cordón.