Cuestión de legalidad
La diatriba pública en torno a la posible ilegalización de ANV y de EHAK amenaza con distorsionar los fundamentos del Estado de Derecho en tanto se plantee como una disputa de sí o no a la apertura inmediata del procedimiento. La noticia de que la Fiscalía General del Estado está estudiando tanto la base probatoria con la que podría instar dicha ilegalización ante el Tribunal Supremo como la fórmula más idónea de presentar la demanda -un nuevo procedimiento o como ejecución de la sentencia que dejó fuera de la ley a Batasuna- obliga a situar la cuestión ante la complejidad jurídica que entraña. Además, la solicitud de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que el juez Garzón le facilite los datos sobre ANV que forman parte del secreto sumarial que ampara el procedimiento abierto por éste contra Batasuna permite recordar que, tras la cortina que supone la disputa política entre el PP y al Gobierno, operan simultáneamente los trabajos de la Fiscalía General y el desarrollo del sumario 35/02 que en su día llevó a la Audiencia Nacional a suspender las actividades de Batasuna.
Actualizado: GuardarLa indignación social crece a medida que ANV y EHAK reproducen, con su negativa a condenar a ETA y sus atentados, la actitud que condujo al Supremo y al Constitucional a ilegalizar a Batasuna. Pero harían bien las formaciones parlamentarias en actuar con la máxima cautela, evitando convertir la cuestión en materia de disputa política. Como harían bien las instancias legitimadas para actuar frente a una ilícita utilización de la libertad de asociación y de participación política si evitasen competir entre ellas en asunto tan delicado. La extendida convicción, de la que se hace eco el PP, de que las citadas siglas representan la continuidad de Batasuna ha de ser avalada ante los tribunales con pruebas irrefutables. Aunque parece lógico pensar que en el tiempo que resta para las elecciones de marzo las investigaciones en curso difícilmente podrán dar con pruebas y argumentos que amplíen sustancialmente lo que ya se halle dentro del sumario secreto de Garzón o en los expedientes que maneja la Fiscalía. Sin descartar que la suspensión judicial de las actividades de ANV y EHAK por parte de la Audiencia Nacional pudiera adelantarse a la eventual utilización del procedimiento previsto en la Ley de Partidos, lo que resulta perentorio es que el debate se sosiegue y se remita en última instancia a lo que resuelvan los tribunales.
