El juez archiva la causa contra los investigadores de células madre
Considera que su actividad se encuadra "dentro del marco legal básico para el desarrollo de sus respectivas funciones de investigación"
GRANADA Actualizado: GuardarEl Juzgado de Instrucción 8 de Granada ha decretado el sobreseimiento libre y archivo de la causa contra los cuatro investigadores del Banco Nacional de Líneas Celulares de Granada que fueron acusados de un delito de manipulación genética, al "no ser los hechos constitutivos de infracción criminal", atendiendo así a la petición realizada el pasado viernes por el Ministerio Público.
En el auto, la magistrada mantiene, entre otras consideraciones, que la actividad de los investigadores denunciados se encuadra "dentro del marco legal básico para el desarrollo de sus respectivas funciones de investigación", que se concreta en normas tanto de carácter comunitario, como estatal y autonómico.
La denuncia fue interpuesta por una particular, Carmen Areoso Villaverde, contra la persecución de cinco proyectos de investigación por si pudieran ser constitutivos los hechos de un delito de manipulación genética, un delito de aborto, un delito de lesiones al feto y un delito contra la integridad moral.
La resolución, contra la que cabe interponer recurso de apelación, llega después de que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) pidiera el pasado 30 de noviembre el archivo de las diligencias previas.
Denuncia contra cuatro investigadores
La denuncia iba dirigida contra el actual director del Banco de Líneas Celulares, Pablo Menéndez, su antecesor en el cargo, Ángel Concha, y los científicos Alicia Barroso y Fernando Cobo como investigadores de proyectos que a su juicio atentan contra el derecho a la vida recogido en la Constitución.
La demandante sostenía que en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada se utilizan técnicas de reproducción asistida para crear embriones y destinar para la procreación sólo los que estuvieran aparentemente libres de una determinada enfermedad.
A través de la lectura de un artículo de la revista Fertility and Sterility, la denunciante concluía que se estaban "alterando, dañando y destruyendo embriones humanos con meros fines científicos", conductas que en su opinión se encuadran en distintos artículos del Código Penal relativos a delitos de manipulación genética, aborto, lesiones al feto y contra la integridad moral.
