Galileo localiza a España

Galileo, el futuro sistema europeo de posicionamiento y guiado por satélite, dio ayer el paso final hacia su realización definitiva, al aceptar los 27 países miembros de la Unión Europea un plan industrial para el proyecto que prevé su segmentación en seis grandes áreas, con financiación estrictamente comunitaria.

España, que se había opuesto la víspera en solitario al acuerdo, terminó aceptándolo al reconocer la Comisión y el Consejo la posibilidad de que el centro que se va a construir en Madrid, y que en plan original de Galileo estaba destinado a gestionar la señal específica de protección civil (Safety-of-life), podrá evolucionar en 2013, año de entrada en servicio del sistema, hasta la condición de centro de control, en igualdad de condiciones con los dos previstos en Fucino (Italia) y Oberpfaffenhofen (Alemania). Si esa evolución tiene lugar, los tres centros de control operarán en red y en igualdad de condiciones.

Fernando Palao, secretario general de Transportes, quien ha representado a España en el Consejo en ausencia de la ministra Magdalena Alvarez, se declaró «satisfecho» con las garantías ofrecidas por el Consejo y la Comisión sobre el futuro potencial del centro de Madrid, y terminó sumándose al acuerdo que los otros 26 socios comunitarios habían sancionado el jueves por la noche, a través de un procedimiento no exento de polémica.

Efectivamente, y ante la negativa española a transigir con el proyecto en los términos en los que estaba redactado, la presidencia portuguesa de la UE formuló el jueves una consulta al Servicio Jurídico, para dilucidar si serían vinculantes unas Conclusiones del Consejo obtenidas a la mayoría cualificada, sin el voto de España. La contestación fue que sí; que si la base jurídica del acto legislativo en cuestión prevé la mayoría cualificada (como es el caso), las Conclusiones del Consejo podrían adoptarse también en ese régimen.

Nunca antes, unas Conclusiones del Consejo se habían obtenido a la mayoría cualificada. Cuando no existía unanimidad, el documento asumía la condición de Conclusiones de la Presidencia, y carecía de capacidad jurídica vinculante.

Un bloqueo peligroso

La votación tuvo lugar y España quedó minorizada. Pero la situación no convenía a nadie, ya que si Madrid era consecuente con su veto, estaba en condiciones de recurrir ante el Tribunal de Justicia la interpretación dada por el Servicio Jurídico del Consejo a la decisión adoptada por mayoría cualificada. Cabe preguntarse si el Gobierno de Zapatero, que la víspera daba las gracias en la Eurocámara por lo que la UE ha contribuido a la modernización de España, llegaría a responsabilizarse del descarrilamiento definitivo de Galileo.

Un recurso ante la Justicia europea tendría inevitablemente esas consecuencias para un proyecto que acumula ya un retraso de cinco años y que corre el riesgo de devenir obsoleto, ante la renovación prevista del GPS norteamericano.

De modo que la presidencia, la Comisión y España pugnaron para buscar una salida, y la encontraron con la formulación sobre los potenciales del centro de Madrid más arriba mencionados.

Es de hacer notar que los centros de control alemán e italiano están construidos o en fase de ejecución muy avanzada, y que comenzarán a prestar servicios antes que el español.

El costo inherente a la potenciación del centro de Madrid (unos 5 millones sobre una inversión de 25 para cada centro de control, según fuentes gubernamentales), correrá a cargo de España, aunque el presupuesto total de Galileo no podrá verse alterado al alza.

La puja española por el centro de control de Galileo viene arrastrándose desde la formulación inicial del proyecto. Obedece a la convicción de que las empresas españolas presentes en el sector pueden obtener grandes beneficios industriales de él.

Los retornos de Galileo han sido objeto de pactos al más alto nivel, en los que han intervenido directamente Sarkozy, Merkel y Prodi. España ha tenido que amenazar a última hora con un veto a la polaca para obtener satisfacción a sus demandas.

Con el acuerdo de ayer en la mano, la Comisión europea elaborará un proyecto de Reglamento en el que la ejecución de Galileo aparecerá segmentada en seis grandes capítulos: ingeniería del sistema, infraestructuras terrestres de la misión, infraestructuras terrestres de control, satélites, lanzamiento y operaciones. Ningún grupo industrial podrá liderar más de dos de estos grandes segmentos, y todo el proyecto estará abierto «a la máxima competencia posible». En el reparto de papeles acordado, la Comisión será la responsable de la gestión global de los programas, bajo supervisión de los estados miembros.

Dudas de rentabilidad

Puede decirse, por lo tanto, que ayer se cerró en Bruselas la fosa abierta el pasado mes de junio, cuando el sector privado abandonó Galileo ante las dudas que presentaba su rentabilidad en los términos en los que el proyecto estaba concebido.

Los poderes públicos europeos han asumido plenamente la responsabilidad de su ejecución, que se financiará exclusivamente con fondos comunitarios procedentes de los presupuestos de 2007 y 2008.