Urbanismo envía al fiscal los expedientes de legalización de viviendas del anterior concejal

«Encontraremos la manera de que Juan Carlos Rodríguez pague de una u otra forma por la nefasta situación urbanística en la que ha sumido al municipio». Así de contundente se mostró la edil de Urbanismo, Patricia Ybarra, a la hora de juzgar el trabajo de su antecesor en el cargo. De hecho, Ybarra ha adelantado que «tenemos previsto mandar los decretos municipales firmados por Rodríguez a la Fiscalía». El ex edil de IP tendrá que hacer frente, según inciden desde Urbanismo, a un presunto delito contra la ordenación del territorio.

Como adelantó LA VOZ hace justo una semana, el anterior concejal de Urbanismo legalizó alrededor de cien viviendas por decreto municipal a pesar de que estaban fuera del planteamiento. La edil denunció: «Camuflados entre el gran volumen de informes del Área ha aparecido un centenar de ellos que legalizan inmuebles por toda la geografía municipal».

Asimismo, Urbanismo también tiene en su poder cartas que Rodríguez enviaba a diversos propietarios requiriéndoles que demandaran la legalización.

«Lo más sangrante de esta historia», recalca Patricia Ybarra, «es que regularizaba la vivienda que le daba la gana e imponía multas coercitivas al inmueble ubicado al lado, con la misma antigüedad y el mismo tipo de suelo». Las sanciones coercitivas acarrean una serie de multas económicas y finalizan con la demolición total del inmueble.

Aunque Patricia Ybarra no ha podido esclarecer bajo qué base legal se regularizaban los inmuebles, Juan Carlos Rodríguez ha informado que «lo hacía a través de la aplicación del artículo 185 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)».

Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por este periódico han subrayado que «esa aplicación es a todas luces ilegal, ya que el artículo dice que sólo se puede legalizar una infracción que entre dentro de la normativa». Obviamente, construir una vivienda ilegal en suelo no urbanizable jamás entraría dentro de la normativa de aplicación.

Por tanto, los cien propietarios de estas viviendas permanecen en «el limbo legal». Por una lado, poseen un decreto municipal que informa «de la legalización del inmueble», y por otro, su casa no puede ser regularizada hasta que se apruebe el Plan General.

Al mismo tiempo, el Área de Urbanismo debe pagar, otra vez, con los platos rotos. Ybarra indica: «Revocar estas licencias supondría indemnizar a todas estas familias por el daño ocasionado por la Administración municipal para que, al fin y a la postre, legalizar estos inmuebles que entran dentro del Plan».

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