Vista para sentencia la primera pieza que llega a juicio en Cádiz de la conocida 'operación Estela'

Después de casi cinco años del nacimiento de una de las investigaciones más polémicas contra el narcotráfico, la llamada operación Estela, el juzgado de lo Penal nº 5 de Cádiz celebró ayer el primer juicio, que ha quedado visto para sentencia. Este procedimiento ha tenido un recorrido procesal similar al caso Semilla. Fue separado en siete piezas diferentes y derivadas a órganos judiciales de Cádiz, Guadix (Granada) y Linares (Jaén); De ahí que haya transcurrido tanto tiempo hasta la celebración del primer juicio en la provincia.

Pero la vista oral de ayer tenía una especial significación. El único procesado fue la persona que dio origen al inicio de la investigación, que desembocó en la operación Estela y, posteriormente, al enfrentamiento entre el anterior fiscal jefe de Cádiz, Isidoro Hidalgo, y el juez instructor Miguel Ángel López Marchena.

El acusado, Juan José Varo Rendón, que en estos momentos se encuentra en Puerto III por una causa de narcotráfico diferente, fue arrestado cuando salía de Puerto Sherry, en la madrugada del 19 de septiembre de 2002, al volante de una furgoneta robada. Minutos antes, los funcionarios de Vigilancia Aduanera acababan de interrumpir un alijo de 1.200 kilos de hachís en la playa de La Muralla, a pocos metros de donde fue interceptado el procesado.

Los mismos agentes habían visto cómo los narcos que estaban descargando los fardos salían corriendo y dos vehículos, entre ellos la furgoneta que conducía el acusado, emprendían la huida.

Tras ser detenido, Juan José Varo explicó que había sido abordado por dos personas, apodadas El Pato y El Popeye, en una plaza de Barbate y que le habían ofrecido 3.000 euros a cambio de llevar un vehículo hasta Puerto Sherry. Además, según autos firmados por López Marchena, que instruyó esta aprehensión de droga, aportó más datos que sirvieron para iniciar el llamado caso Estela, que desembocó en la intervención telefónica de hasta 77 móviles, el arresto de 40 personas más y la incautación de unos 9.000 kilos de hachís.

Tesis opuestas

Pero otra vez, las tesis del anterior fiscal jefe y del juez instructor chocaban como en el caso Semilla. López Marchena defendía que podía actuar en partidos judiciales diferentes porque estaba desmantelando una organización; mientras que Hidalgo negaba la existencia de dicha banda y, por tanto, consideraba que el juez se había extralimitado en sus competencias territoriales.

La oposición del fiscal jefe fue tal que elevó ante la Audiencia Provincial un recurso para anular todo el proceso, pero el máximo órgano judicial de la provincia lo desestimó. Eso sí, consideró que las tramas desmanteladas no estaban conectadas entre sí y que no había razón para que López Marchena investigara fuera de su partido judicial. Por eso, ordenó dividir el procedimiento, al igual que el Semilla, en distintas piezas que recayeron en juzgados de esta provincia y de fuera.

Pero esta disparidad de criterios no se quedó ahí. El Consejo General del Poder Judicial llegó a abrir un expediente, que finalmente fue archivado, para tratar de saber si esa oposición se debía sólo a distintas visiones judiciales o en cambio escondía algún tipo de rencilla.

Precisamente los casi cinco años transcurridos desde que fuera detenido el hoy acusado, han servido para que la Fiscalía de Cádiz y una de las acusaciones particulares, que representa al Ayuntamiento de Barbate, rebajaran sus solicitudes iniciales de pena. Tanto el Ministerio Público como el abogado del Consistorio barbateño entienden que Juan José Varo Rendón ha sido víctima de dilaciones indebidas en su proceso. Pero también consideran que la operación Estela ha estado cargada de recursos y autos que anularon parte del material probatorio obtenido por la Guardia Civil; lo que ha impedido acelerar el procedimiento. Por eso, la fiscal antidroga, Ana Villagómez, pasó de los cuatro años y cinco meses iniciales de petición de pena a tres años y nueve meses; una condena que la propia Villagómez reconoció durante la vista oral que era «bastante benévola».

Ni se menciona

La división del procedimiento en piezas diferentes y que la propia Audiencia negara que hubiera una organización ha sido decisivo para que en el juicio de ayer ninguna de las partes hablara de la operación Estela y se ciñeran al hecho puntual del alijo interceptado en Puerto Sherry. Tan sólo la defensa apeló a los datos que había aportado su cliente y que ayudaron a «tirar de un hilo que originó una decena de causas».

Un colaborador

Este argumento fue empleado para convencer de que el procesado había colaborado con la justicia. Esa atenuante, junto con la de dilaciones indebidas cualificadas (y no simples como reconocen tanto Fiscalía como una de las acusaciones) fueron esgrimidas por el letrado de Juan José Varo Rendón para pedir una pena rebajada (menos de dos años). La misma defensa abandonó la solicitud de una libre absolución, a cambio de reconocer la participación del procesado en los hechos, pero en grado de tentativa al no ser apresado con droga.

En cambio, la Fiscalía y las distintas acusaciones negaron que esta persona hubiera colaborado con la justicia. Pusieron como ejemplo sus propias manifestaciones durante la instrucción, en las que negaba haber sido conocedor de que estaba participando en un alijo de hachís. De la misma manera, aunque con contradicciones y titubeos, se expresó ayer. Su abogado salió en su defensa y explicó que había sido objeto de amenazas de muerte y que tenía miedo de hablar.

También se apoyó la acusación en el testimonio del que fuera jefe del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Guardia Civil y que dirigió la investigación del caso Estela. Este agente explicó que la información que había dado el narco «por sí sola» no hubiera sido suficiente para iniciar las pesquisas.

La solicitud de pena más alta fue presentada por la federación antidroga Redein, que también está personada como acusación particular, junto con la Asociación Unificada de Guardias Civiles y el Ayuntamiento de Barbate. Redein pide cinco años de cárcel porque es la única que contempla la agravante de pertenencia a una organización de narcos. Como decía el letrado que representa a este colectivo, «este hombre no actuó sólo y para introducir 1.200 kilos se necesita un grupo organizado». Pero ese debate ni siquiera fue abordado en la sala.

Posteriormente, el portavoz de Redein, Rafael Aguilar, ponía el acento en la importancia que ha tenido en este juicio «que vayan juntos el Ayuntamiento de Barbate, las Fuerzas de Seguridad y una organización que lucha contra el narcotráfico».

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