«La lentitud judicial ha sido una aliada de los desmanes urbanísticos»

Es magistrado de la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Pero además de sus deberes profesionales, Juan Pedro Quintana Carretero ha ejercido hasta el pasado fin de semana de cabeza visible de la asociación Francisco de Vitoria, que aglutina a más de medio millar de jueces y magistrados españoles. Durante tres días, este colectivo ha estado en Cádiz celebrando su asamblea nacional, con un tema perenne en sus mesas de trabajo: la delicada situación por la que atraviesa el poder judicial en España.

Las constantes críticas que desde los estamentos políticos se hacen contra decisiones que adoptan los tribunales o la polémica renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva enquistada desde hace un año, permiten que no soplen vientos favorables para la independencia de un juez. El ya ex portavoz de esta asociación de la carrera judicial -la segunda con mayor implantación en el país- no esconde la profunda preocupación que existe entre unos profesionales llamados a mantenerse al margen de pugnas políticas.

-La falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios ha impedido que se renueven los vocales del CGPJ, ¿pero no es el propio sistema de renovación el que tiene hipotecado al mismo Consejo?

-Es obvio que el sistema de renovación no está funcionando correctamente. No hay mecanismos que obliguen a la renovación automática, por ejemplo a los cinco años. Por otro lado, esa renovación depende estrictamente de un acuerdo parlamentario. Eso tiene dos riesgos: el de politización, que hemos visto en este Consejo; y el segundo es el del bloqueo institucional, que un partido con mayoría suficiente lo puede provocar y a las pruebas me remito.

-Su asociación se sintió excluida cuando se nombró la actual composición del CGPJ y aboga por una elección de vocales mediante criterios profesionales.

-Tradicionalmente hemos defendido que los doce vocales de extracción judicial fueran elegidos por los jueces directamente. Si bien con un sistema proporcional para que todas las sensibilidades de la carrera judicial estén representadas, y no como ocurre ahora, que nuestra asociación así como los candidatos no asociados se encuentran marginados.

-Pero dejando a un lado los intereses políticos, a un juez se le presupone una independencia. ¿No estamos realmente ante un problema de los propios integrantes del Consejo, que son incapaces de tomar una decisión propia por encima del bando al que pertenezcan?

-Eso es lo más grave. Se han generado dos bloques prácticamente irreconciliables (progresista y conservador) y, ¿por qué? Porque probablemente las personas elegidas no han sido las más idóneas. También es posible que se haya buscado a ese tipo de personas, que anteponen su posicionamiento ideológico a un planteamiento estrictamente profesional. Hay que cambiar los valores a la hora de elegir los candidatos y no despreciar la independencia.

-Como magistrado, ¿cómo vive los constantes reproches y críticas que se lanzan hacia procesos judiciales como el del 11-M?

-Creo que es sano someter a critica la actuación del poder judicial. El problema es cuando se pretende obtener ventaja política con una decisión judicial y se entra en la distorsión de una realidad, en el insulto y la descalificación personal. En una emisora se ha calificado al presidente del tribunal del 11-M de indigente intelectual. Francamente, ¿alguien puede pensar que eso es una crítica razonable?

-El sistema judicial tiene un importante talón de Aquiles en las infraestructuras y la falta de recursos. Un buen ejemplo es lo que está ocurriendo con la rama de lo Contencioso-Administrativo, que vive en un permanente colapso, ¿cómo está influyendo en la administración de justicia?

-Reivindicamos la necesidad de afrontar una dotación de medios naturales y personales para la administración de justicia. También se debe iniciar, de una vez por todas, la reforma de la oficina judicial. En el año 2003 un partido que no gobierna ahora diseñó esa reforma. El Gobierno actual quiere impulsarla, pero no hay quien entienda por qué no sale adelante cuando se pactó en su día con todas las fuerzas políticas. Es una reforma que contempla modernizar estructuras e introducir avances tecnológicos.

-Para el ciudadano, una justicia lenta es una justicia ineficaz.

-Evidentemente una justicia con graves retrasos, ya no es justicia. En la jurisdicción contenciosa es especialmente llamativo ese colapso. Tenemos casos de actuaciones urbanísticas muy graves en Andalucía, que la jurisdicción contenciosa ha sido incapaz de responder con prontitud. Aquellos que sacan partido económico de estas conductas ilegales, se aprovechan de esa demora.

-Otro ejemplo de órganos con problemas de saturación son los de violencia de género.

-Es una jurisdicción que nació con un gran entusiasmo para dar solución a un problema social grave y que se ha visto desbordada. Las leyes, por buenas que sean, han de ir acompañadas con medidas presupuestarias.

-Pero también ya se está denunciando un uso partidista de la ley por parte de personas, que denuncian a sus parejas, para sacar provecho, ¿es real o una crítica para desprestigiar la propia ley?

-Con cualquier ley de esta naturaleza se corren riesgos con personas que traten de aprovecharse. Pero eso ha ocurrido siempre. Antes, en los juzgados de familia, se producían denuncias falsas para favorecer la custodia de los niños, por ejemplo. Es responsabilidad de los jueces y fiscales investigar con rigor cada caso. Por eso, no es suficiente razón para desautorizar una ley tan importante.

-Uno de los temas que se han abordado en la asamblea ha sido el desorden urbanístico, ¿cómo las administraciones han vivido ajenas a esta situación tantos años?

-Es muy llamativo desde luego. El sistema falla desde ambos ámbitos. Lo primero es potenciar la transparencia y la participación de los ciudadanos en los procesos de planificación de su ciudad. En los convenios urbanísticos es donde se han detectado más problemas como que no conste las causas y los fines, y que son tramitados con cierto secretismo con grandes compañías. Por otro lado, no existen controles administrativos externos y eficaces que vigilen las actuaciones urbanísticas. Y no nos engañemos, la lentitud judicial ha sido una aliada de los desmanes urbanísticos. Aquellos que ponían en marcha una promoción de viviendas sin licencia, sabían que los tribunales iban a tardar años en sancionarles. Mientras llegaba ese momento, ya le habían sacado provecho económico y al cabo de los años, los jueces se topan con un importante problema social, ¿cómo derribar una vivienda que ha sido vendida a unos terceros, creyendo que era completamente legal?

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