Precios al alza
La notable subida experimentada a lo largo del último año por productos básicos en la cesta de la compra ha introducido un elemento de distorsión en la política económica del Gobierno, que debe encarar en el tramo final de la legislatura la repercusión de la tensiones inflacionistas en los bolsillos de los consumidores. Los últimos datos publicados por el Ministerio de Industria y Comercio han constado incrementos de entre el 10 y el 22% en los precios de las cebollas, el pollo fresco, la leche, el aceite de girasol o los huevos. Todos ellos son productos de consumo diario que afectan a la totalidad de la población en orden inverso a su capacidad adquisitiva: cuanto menor es la renta disponible, mayor es la proporción que se destina de la misma a la compra de alimentos. El progresivo repunte en costes tan cotidianos ha terminado por extender la inquietud en la ciudadanía, poniendo en cuestión la credibilidad de la estrategia económica del Gobierno. El presidente Rodríguez Zapatero se esforzó ayer en el Senado por desligar de la gestión del Ejecutivo el aumento de la inflación, del que responsabilizó al alza continuada del barril de petróleo. Pero esos argumentos resultan ya insuficientes para calmar la preocupación de aquellos sectores de la población que más se están resintiendo por la carestía la vida. Y que no acaban de comprender por qué las autoridades económicas no han adoptado antes medidas preventivas.
Actualizado: GuardarAunque la Comisión Nacional de la Competencia está investigando si se ha producido una concertación irregular en el sector alimentario, es un hecho que la especulación acostumbra a ser la respuesta de los mercados ante los procesos inflacionistas en ciernes; una maniobra tan lícita como hábil con la que las empresas tratan de anticiparse al alza en los precios que les afectan elevando previamente los de sus propios productos. Pero con todo, la posibilidad de que se estén produciendo intentos ilegales de lucro no disipa la evidencia de que el Ejecutivo no ha actuado con la coordinación y la celeridad precisas. La solicitud cursada hace un mes por el Ministerio de Agricultura a la Comisión Europea para que autorice a España a importar cereal ha supuesto una reacción correcta pero tardía frente a la reducción de las cosechas, el motor de la actual inflación. Y esa dilación ha coincidido con el deficiente intercambio de información con los responsables de Industria, que en este último año han formalizado los permisos para poder generar biocombustibles, origen a su vez de la disminución del grano disponible y de la posterior carestía de productos como la leche o la carne de ave. El resultado ha sido un incremento imprevisto de la cesta de la compra que ha mermado la credibilidad de la política antiinflacionista del Gobierno, que debería redoblar los esfuerzos para tratar de contener el coste de la vida, aligerando, si el diagnóstico es una crisis de demanda, las trabas que pueden retraer la oferta.
