Iniciativas constituyentes

Fruto de los trabajos de este grupo ha sido un documento de cien páginas que contiene propuestas de modificación de casi cuarenta artículos de la Constitución, todas ellas encaminadas hacia un conjunto de objetivos que han sido descritos así por un analista político conservador: «circunscribir con exactitud el modelo territorial, fortalecer las competencias del Estado, retocar la línea sucesoria de la Corona, reforzar la independencia del Constitucional -miembros vitalicios- y del Consejo General del Poder Judicial, con rectificaciones en el Senado». Asimismo, se modificaría el sistema electoral: «500 diputados, 350 para circunscripciones provinciales y 150 para el conjunto del territorio español como circunscripción única. Se sustituye la terminología de nacionalidades y regiones por comunidades autónomas. Se formula que la bandera propia de las Comunidades Autónomas pueda utilizarse junto a la bandera de España en los edificios públicos...». En definitiva, es una propuesta encaminada a reducir el papel de las minorías nacionalistas en la política estatal y a cerrar definitivamente el Estado de las Autonomías.

Conscientes los promotores de esta idea de que sólo puede salir adelante mediante el consenso PP-PSOE, se la han presentado a Rajoy -con el ánimo de que la adopte en su programa- y a Alfonso Guerra. No se la han presentado a Zapatero por una razón obvia: el plan estratégico de los reformistas pasa por la derrota del PSOE en las elecciones de marzo y por la sustitución de Zapatero al frente de la secretaría general de este partido para dar paso «a una persona dotada de sentido de Estado y del bagaje conceptual y moral apropiado para dirigir un gran partido nacional», según dice textualmente uno de sus documentos. Alfonso Guerra, presidente de la Comisión Constitucional del Congresoha dado muestras de «receptividad» pero como era de imaginar no se ha pronunciado en sentido alguno. Rajoy todavía no ha contestado a la invitación. Es claro que los promotores de la reforma juegan también a la política puesto que apuestan no sólo por una de las dos opciones sino que instan a la otra a renovarse internamente para expulsar al, a su juicio, indeseable réprobo que ejerce su liderazgo. No es, pues, una propuesta intelectualmente pacífica ni neutra políticamente, de forma que será legítimamente combatida por quien es criticado por ella y por sus partidarios. Promover desde la sociedad civil el consenso de los dos grandes partidos para que éstos adopten una reforma constitucional «patriótica» que serviría supuestamente para salvar a España de algunos peligros objetivos es un designio muy arduo. Pero la iniciativa es imposible si sus promotores se alinean de partida con una de las partes. Porque es bien evidente que el solo enunciado de la estrategia de la plataforma reformadora ofende al sector ciudadano que ha elegido al líder socialista como presidente del Gobierno. Es admirable en todo caso que la sociedad civil se organice en instituciones intermedias activas que agiten en el mejor de los sentidos la inteligencia colectiva. Pero, en democracia, quien proponga cambios de esta envergadura, mudanzas muy relevantes del régimen o novedades audaces sólo tiene ante sí un camino practicable: presentarse a las elecciones. En el entretanto, los ciudadanos siempre preferiremos los diagnósticos y las propuestas de gentes como Rajoy y Zapatero, que se baten el cobre en las urnas, antes que de personajes como Vidal Quadras o Ezquerra, que viven recluidos en sus esferas intelectuales.