El Gobierno reconoce la «grave» crisis del Constitucional y el PP le exige que la reconduzca

Gobierno y oposición intercambiaron ayer acusaciones de ser los responsables de la crisis que atraviesa el Tribunal Constitucional por las recusaciones que ambos han presentado contra cinco magistrados. La vicepresidenta acusó al PP de intentar paralizar la institución porque «perdió las elecciones y dejó de gobernar». Los populares, a su vez, achacaron al Ejecutivo un afán de «demorar» el fallo de la corte sobre su recurso contra el Estatuto de Cataluña.

El uno por el otro, el caso es que el Constitucional está al borde del bloqueo, un hecho inédito en la historia de la institución. La mera presentación de las cinco recusaciones, dos del Gobierno contra magistrados conservadores y tres del PP contra jueces progresistas, deja al tribunal sin quórum para resolverlas y debatir el recurso de los populares contra la reforma legal que prorroga el mandato de sus máximos responsables.

La corte tiene 12 miembros, pero la presidenta y el vicepresidente decidieron semanas atrás abstenerse en el debate sobre la norma porque afecta a sus mandatos, con lo que el pleno queda reducido a diez magistrados. Las recientes recusaciones dejan el tribunal reducido a cinco, cuando el quórum exigido es de ocho.

María Teresa Fernández de la Vega apeló a «la pericia, rigor, capacidad, independencia e imparcialidad» de los magistrados para que encuentren «una solución» que impida el bloqueo. Fuentes gubernamentales defendieron que las recusaciones del PP están basadas en «recortes de periódicos» mientras que las que plantean el Gobierno tienen «motivación», están basadas en «unos hechos» y redactadas «con arreglo a la ley».

La portavoz gubernamental consideró que el Constitucional atraviesa «una situación muy grave» que atribuyó en exclusiva al partido opositor porque «no es sensato, lógico ni razonable» que trate de bloquear su funcionamiento. Atribuyó esta estrategia del PP a que «perdió las elecciones» en 2004 y tuvo que «dejar de gobernar», un cambio que, a su juicio, no ha asumido. Sólo así se explica, continuó, que haya respondido «con un tres por dos», en relación a las tres impugnaciones pedidas por los populares en respuesta a las dos solicitadas por el Gobierno. «Esto no es una oferta promocional, esto es mucho más serio», se quejó.

Llamamiento

De la Vega confió, «aunque no con muchas esperanzas dados los precedentes», en que «los responsables» del partido opositor hagan honor a la relevancia de sus cargos y no contribuyan «al deterioro de algunas instituciones». Pese a este escepticismo, hizo un llamamiento a «la responsabilidad» a los dirigentes del PP para que actúen «con lealtad a la Constitución» y recuperen «la sensatez».

El partido opositor formuló una apelación casi idéntica, pero en sentido inverso. En una entrevista a Canal 9, el presidente del PP, Mariano Rajoy, declaró que el Gobierno «no es sensato» en su actuación respecto al Tribunal Constitucional y exigió que garantice «la independencia del poder judicial» como «principio básico constitucional».

En esta línea, su secretario de Comunicación, Gabriel Elorriaga, pidió al Gobierno que «reconduzca» la situación y renuncie a «interferir en el funcionamiento» del tribunal. Justificó las recusaciones presentadas por su partido ante el Constitucional porque son un intento de que «las aguas vuelvan a su cauce» tras las dos exclusiones reclamadas por el Ejecutivo.

Elorriaga culpó al Gobierno de haber llevado al tribunal a una situación «límite» por actuar con «interés partidista» contra dos magistrados adscritos al sector considerado conservador con el único fin de «sabotear» que el organismo que vela por el cumplimiento de la Constitución se pronuncie antes de las elecciones generales sobre el recurso de su partido contra el Estatuto de Cataluña.

El dirigente opositor sostuvo que es «evidente» que el Ejecutivo es el responsable de la situación porque con sus recusaciones, un hecho «sin precedentes en democracia», generó «una dinámica» que conduce al bloqueo del organismo. Ahora, dijo, corresponde al Gobierno «aportar una solución», si bien no quiso aclarar si solicitaba la retirada de las impugnaciones gubernamentales.

Defendió asimismo la validez jurídica de las exclusiones planteadas por su partido porque se basan «exactamente» en «la misma causa y en los mismos términos» que las propuestas por el Gobierno, el pronunciamiento previo sobre un asunto que deben tratar en el tribunal. Elorriaga, en consecuencia, reclamó al Constitucional que actúe de «de igual manera» en ambos casos y «se pronuncie en justicia».