La ONU deplora «con firmeza», pero no condena, la violenta represión ejercida en Birmana

El Consejo de Seguridad de la ONU, incapaz de ponerse de acuerdo para condenar a la Junta Militar de Birmania (Myanmar) por la oposición de China y Rusia, ha optado por deplorar "con firmeza" la violenta represión ejercida por el régimen de Rangún contra manifestaciones pacíficas. La declaración adoptada por unanimidad por el máximo órgano de la ONU insta a la liberación de todos los presos políticos y detenidos y al inicio de un diálogo de la Junta Militar que dirige Birmania con la oposición democrática que lleve a la reconciliación nacional.

En su declaración, los 15 miembros del Consejo de Seguridad enfatizan la necesidad de que un "diálogo genuino" con todas las partes involucradas, incluida la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, y grupos étnicos "para lograr un proceso de reconciliación nacional completo, con el apoyo directo de Naciones Unidas". "El Consejo de Seguridad pide al Gobierno de Myanmar que tome todas las medidas necesarias para afrontar los temas económicos, políticos, humanitarios y de derechos humanos que preocupan a su población", y destaca que el futuro del país "está en manos de todo el pueblo".

La declaración anima al régimen militar a considerar con seriedad las recomendaciones del enviado especial de la ONU, Ibrahim Gambari, quien a partir de este fin de semana regresará a la región por orden del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para comenzar sus consultas "por Tailandia el próximo lunes, para continuar por Malasia, Indonesia, India, China y Japón, con la idea de volver inmediatamente después a Birmania ", ha señalado Ban en un comunicado emitido poco antes de la declaración del Consejo de Seguridad.

Intensa negociación

El texto acordado hoy es la primera reacción oficial del órgano ejecutivo de Naciones Unidas al informe presentado por Gambari el pasado viernes sobre su visita a Birmania del 29 de septiembre al 2 de octubre, en el que constató la dura represión ejercida por los militares y les instó a iniciar un cambio político.

El contenido de la declaración fue objeto de un intensa negociación de cuatro días entre EEUU, Francia y Reino Unido, los patrocinadores del texto, y China y Rusia, que se han opuesto a utilizar un lenguaje agresivo hacia Rangún.

En su versión final, se cambia la "condena" a las acciones del régimen militar que aparecía en el primer borrador por el término "deplora", que fue el utilizado por el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU en su resolución sobre Birmania del pasado 2 de octubre. Tampoco incluye una referencia a posibles sanciones, como las que ya han impuesto por su parte Estados Unidos y la Unión Europea (UE), entre las que estaría un embargo a la venta de armas.

El embajador de EEUU, Zalmay Khalilzad, ha advertido a Rangún de que la comunidad internacional esta vez "no se olvidará del pueblo birmano". "Mi mensaje a Birmania es que cumpla con lo que dice la declaración o en dos semanas estaremos aquí de vuelta", ha agregado, en referencia al Consejo de Seguridad.

Superada la oposición de China y Rusia

El documento final es fruto de un "compromiso" con China, ha reconocido el embajador de Reino Unido, John Sawers, pero ha destacado que es la primera vez que Pekín acepta que la ONU se pronuncie sobre Birmania . "Es un gran paso adelante, es bastante firme, y demuestra que el Consejo de Seguridad está unido y opuesto a la política interna de Myanmar", ha agregado.

China y Rusia ya vetaron en enero una anterior declaración que exigía la liberación de los presos políticos, incluido el levantamiento del arresto domiciliario impuesto a Aung San Suu Kyi desde 2003. El embajador adjunto de China, Liu Zhenmin, ha preferido considerar la declaración como un mensaje de apoyo a Gambari, más que una crítica a Rangún, y consideró que "los problemas de Myanmar los tienen que resolver al final ellos. Les deseamos suerte".

Al menos un millar de birmanos, de los cerca de 2.700 que según las autoridades birmanas han sido detenidos por participar o apoyar las manifestaciones, permanecen arrestados. Los grupos antigubernamentales estiman que la cifra de detenidos es superior a 6.000 y que las víctimas mortales de la represión se elevan a dos centenares, muy por encima de las diez personas citadas por el Gobierno.