La policía detectó que Batasuna preparaba una campaña de agitación callejera

Los análisis policiales en los que se sustentó la redada del pasado jueves en la localidad guipuzcoana de Segura contra la dirección de Batasuna sostienen que la formación ilegal diseñaba una campaña de radicalización de sus bases, cuyo punto fuerte era la preparación de una potente campaña de agitación callejera que condujera a una desestabilización social y política en el País Vasco.

La revelación coincide con la nueva reunión que ayer congregó en San Sebastián al grueso de los dirigentes batasunos en libertad para decirle al Gobierno que considera que la redada es «una declaración de guerra en toda regla contra el movimiento independentista vasco».

En este clima de beligerancia, las fuerzas de seguridad resuelven que la estrategia de Batasuna aparece recogida, entre otros, en un documento titulado 'Herri Batzarretarako Gidoia' (Guía para las asambleas del pueblo, en castellano). En él se explica a los militantes de la izquierda 'abertzale' que no hay ninguna posibilidad de retomar a corto plazo ningún tipo de negociación, por lo que se ha abierto una fase de enfrentamiento.

Esta etapa iba a caracterizarse por la creación de un fuerte clima de tensión en los municipios vascos. La crispación, según el mismo análisis, debería cobrar mayor intensidad en los pueblos donde la izquierda 'abertzale' no pudo presentarse en las municipales.

De la misma manera, la presión estaría especialmente dirigida a aquellos partidos a los que ETA ha considerado responsable del fracaso del proceso de paz: PNV y PSOE. El análisis de los cuerpos de seguridad concluye que la plataforma ilegalizada se hallaba sometida ya desde el atentado contra la T-4 a la estrategia de ETA.

Sin autonomía

Esta es la misma teoría que ha mantenido el Gobierno en las últimas semanas, al señalar que tras la ruptura de la tregua era evidente que no existía ningún grado de autonomía de Batasuna.

La estrategia oficial ante esta situación pasa por aumentar al máximo la persecución policial y judicial contra Batasuna. Portavoces autorizados han señalado que la intención del Ejecutivo es forzar el aislamiento de la formación ilegalizada desde todos los ámbitos.

El interrogatorio de los líderes de Batasuna continuó ayer, al tiempo que un equipo de analistas ultimaba el informe destinado al juez Garzón que contiene el estudio preliminar de los miles de documentos y soportes informáticos requisados a los arrestados en el lugar de la asamblea, en sus domicilios y en la sede del PCTV en San Sebastián.

Los expertos han entregado ya al magistrado y a la Fiscalía un informe sobre Egoitz Apaolaza, detenido en la reunión de Segura y candidato número cuatro en la lista de ANV en este pueblo guipuzcoano. El informe señala la existencia de numerosos papeles en los que se hace referencia a la actividad de ANV y el PCTV, y en los que se habla de estrategias comunes.

A la espera

Garzón tiene previsto interrogar hoy a los 23 detenidos. Tras escuchar al fiscal y a la defensa, deberá decidir si los envía a prisión.Ya ayer los 80 responsables históricos de la izquierda 'abertzale' reunidos en San Sebastián y con Pernando Barrena a la cabeza, elevaron al máximo la presión sobre el Ejecutivo y la Audiencia Nacional.

Barrena aseveró que «23 militantes de la izquierda 'abertzale' han sido secuestrados» por el Gobierno, que ha dado una respuesta «directa y cruda» a la oferta de negociación de Batasuna: «Constitución española y represión», zanjó.

Paralelamente, grupos de radicales incendiaban las calles del País Vasco y Navarra con un recrudecimiento de la 'kale borroka'. Miles de personas recorrieron las principales calles de las capitales vascas en contra de los arrestos de la cúpula de Batasuna, en unas marchas sin incidentes. En Pamplona, varias personas resultaron heridas tras una carga policial al disolver una manifestación.