Rajoy pide al Gobierno que reconsidere su decisión sobre De Juana

La decisión del Gobierno de conceder el régimen de prisión atenuada al etarra José Ignacio de Juana Chaos ha sido bien acogida por los partidos nacionalistas e IU, mientras que el PP, a través de su líder, Mariano Rajoy , ha pedido al Ejecutivo que reconsidere esta medida, ya que ETA "ha logrado doblegarle".

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha reconocido que esta decisión es "controvertida" pero se ajusta "escrupulosamente" a la legalidad y mostró su "convicción" de que, de no haberla adoptado, De Juana "hubiera fallecido en las próximas semanas".

Rajoy ha asegurado que no acepta esta situación y responsabilizó al presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, de "las graves consecuencias políticas y morales" de esta decisión, que calificó de "política" y "a la que de ninguna manera estaba obligado". Ha agregado que no quiere que "los españoles se sientan derrotados" y declaró que "hoy se ha creado una deuda de justicia y tenemos que repararla, podemos repararla".

El secretario general del PP, Ángel Acebes, ha insistido en que por primera vez en la democracia el Gobierno "ha cedido al chantaje" de ETA al "mandar a casa" a De Juana, lo que supone una "humillación".

El portavoz de Asuntos Exteriores en el Congreso del PP, Gustavo de Arístegui, ha asegurado hoy que la decisión del Gobierno ha convertido al etarra en "un héroe" para el mundo de ETA y ha considerado que "esto es indignante para la democracia.

En cambio, el portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, expresó su respaldo a esta situación al considerarla una medida "impecable" jurídicamente y "muy aconsejable" desde "el punto de vista humanitario".

La portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, declaró que la situación carcelaria del terrorista "depende única y exclusivamente del Gobierno español y es a él a quien le corresponde acabar con el despropósito que este caso está provocando".

La europarlamentaria socialista Rosa Díez aseguró sentir "vergüenza" y "humillación" ante la decisión. Durante un coloquio con víctimas del terrorismo celebrado en Burgos, Díez señaló que como "española" y "militante socialista vasca" se siente en "la obligación" de denunciar la forma de actuar del Gobierno, una actitud que calificó de "peligrosa y una cesión ante el chantaje de la banda terrorista ETA".

El portavoz de IU-ICV en la Cámara Baja, Joan Herrera, dijo "estar al lado del Gobierno" por ajustarse a la legalidad esta decisión y adoptarse "por motivos humanitarios". Herrera negó que se trate de una "excarcelación" y criticó el "cinismo" de los populares porque, a su juicio, el anterior Gobierno del PP sí excarceló a presos etarras por delitos de sangre.

Josep Antoni Duran Lleida (CiU) aplaudió esta medida para evitar "convertir al preso etarra en mártir, víctima y héroe del mundo de ETA, y de su pequeño entorno social".

El portavoz del BNG en el Congreso, Francisco Rodríguez, manifestó su "total acuerdo", mientras que la diputada Begoña Lasagabaster (EA) consideró que el Ejecutivo ha actuado de una forma "acertada" y "valiente".

De manera contraria se expresaron la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien apuntó que "hoy es el día más triste para la democracia española, después del 23-F", y el alcalde de la capital madrileña, Alberto Ruiz-Gallardón, que afirmó que Rodríguez Zapatero "ha cometido" su "error político más importante".

En similares términos se pronunció el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, que insistió en que esta medida es "una falta de respeto absoluto" a la voluntad de los españoles.

La portavoz de la Junta de Castilla y León, María Jesús Ruiz, opinó que el traslado del etarra al País Vasco se erige como un "indulto encubierto" que deja "indefensas a las víctimas".

El vicepresidente del Gobierno catalán, Josep Lluís Carod-Rovira, apoyó esta decisión al considerarla "un gesto de distensión" y la Junta de Extremadura, a través de un comunicado, expresó su apoyo al Gobierno y manifestó su "más absoluta repulsa" por la utilización partidista que el PP está haciendo del terrorismo.

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, recordó hoy que durante su etapa como ministro de Justicia "varios terroristas del GRAPO se pusieron en huelga de hambre y uno de ellos falleció por este motivo".

A pesar de no pronunciarse explícitamente sobre esta cuestión, el portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, afirmó que a los terroristas no se les puede reconocer ninguna legitimidad.

La directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, justificó la concesión de prisión atenuada para Iñaki de Juana Chaos porque el preso etarra "estaba en riesgo de muerte inminente" desde el pasado mes de enero, según le comunicaron los peritos que evaluaron su estado de salud, que precisaron entonces que podría fallecer en dos o tres semanas.

La presidenta del PP vasco, María San Gil, aseguró que "hoy ETA está feliz" por esta "cesión" a la que, según auguró, seguirán otras para que Batasuna esté presente en las instituciones vascas.