Los divorcios y separaciones vuelven a niveles de precrisis en Cádiz

Cuando la crisis llegó a España, también se coló en la intimidad de los ciudadanos y ha sido clave en las disoluciones matrimoniales. Contar o no con solvencia económica, seguridad laboral y posibilidades para emprender un nuevo camino lejos de la que fuera pareja, han sido factores que han pesado a la hora de rubricar una ruptura sentimental en los juzgados.

Esa relación entre coyuntura económica y disoluciones matrimoniales ha quedado reflejada estadísticamente. Desde 2007, las cifras de separaciones y divorcios han ido decreciendo a nivel nacional. Una realidad numérica de la que no ha escapado la provincia gaditana.

En 2014 esa serie a la baja se ha detenido y por primera vez, este tipo de procedimientos judiciales han experimentado un incremento con respecto a 2013.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publicaba este lunes los datos del cuarto trimestre de 2014 y que completan el estudio estadístico del año pasado. Según las cifras facilitadas por los distintos juzgados de familia y de primera Instancia e Instrucción, las demandas de disolución matrimonial aumentaron un 6,9 % . Dentro de esa capítulo, los divorcios fueron los que registraron un mayor incremento.

En 2014 las parejas españolas se separaron más (133.441 disoluciones) y lo hicieron de mutuo acuerdo en más ocasiones frente a los que rompieron legalmente su relación sin llegar a un consenso. También crecieron las separaciones consensuadas.

La provincia de Cádiz no ha sido ajena a este evolución estadística. Así, en 2014 se registraron en los juzgados gaditanos demandas que alcanzan niveles de precrisis.

En 2007, los órganos judiciales competentes en estos asuntos ingresaron 3.957 demandas. Un dato que incluyen nulidades, divorcios y separaciones consensuadas y sin acuerdo. Siete años después, a los juzgados llegó una carga de trabajo casi gemela: 3.963 demandas planteadas. Si bien, la provincia gaditana difiere del recuento nacional en cuanto a que en esta zona fueron mayoría las demandas de divorcio sin consenso (1.866).

Entre medio de esas dos cifras, seis años de descenso, con datos totales que no alcanzaban los 3.500 asuntos anuales. En 2013, la estadística del CGPJ señala que se iniciaron en esta provincia 3.456 procedimientos de disolución.

Esa percepción de que las parejas gaditanas que quieren romper su relación ya no posponen la decisión por motivos económicos también la empiezan a notar en los despachos de letrados de la provincia. "Es cierto que desde 2007 se empezó a notar un descenso en estas demandas.La situación económica no animaba a afrontar una nueva realidad que en muchos casos consiste en dividir unos ingresos entre dos casas", explica el decano del Colegio de Abogados de Cádiz, Pascual Valiente.

El principal freno, señala Valiente, no lo constituyen los gastos que genera el procedimiento judicial sino afrontar las medidas impuestas por un juez. "El servicio de justicia gratuita cubre la tramitación. Pero había muchas personas que al plantearse una separación, hacían números y no le salían las cuentas".

Por eso, al igual que decrecían desde 2007 las disoluciones matrimoniales, también aumentaban las demandas para la modificación de esas medidas. Padres que solicitaban una revisión de la cuantía que debían pasar a su expareja al mes porque sus condiciones económicas habían empeorado, están detrás de la mayoría de estas demandas.

En 2014, a los juzgados gaditanos llegaron 1.194 demandas de cambio de medidas que no habían sido consensuadas por la pareja sino que ante la falta de un acuerdo, fueron impuestas por un juez.

Suspender el pago de pensiones

Recientemente ha sido noticia la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que le daba la razón a un vecino de la Sierra de Cádiz, que había solicitado una modificación de medidas. Alegaba que la ausencia absoluta de ingresos le impedía hacer frente a la obligación de pasar la pensión a su hijo.

El Supremo reconocía que en esos casos extremos, pese a la oposición de la madre, estaba justificada una suspensión del pago mensual que debía hacer el progenitor hasta que su situación económica mejore.

La crisis también ha sido determinante para el aumento de los procedimientos que se tramitan por vía penal. Son aquellos padres denunciados por no pagar la pensión y que no habían recurrido a los juzgados para reclamar una modificación. Según la última memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía, medio millar de progenitores fueron llevados a los tribunales en la provincia de Cádiz. Y es que el incumplimiento de esta obligación está tipificado como delito.

La anécdota en esta estadística, irrelevante para cualquier análisis, está en el dato sobre nulidades matrimoniales. Es el procedimiento judicial más complejo dentro de las disoluciones matrimoniales y al que recurre un grupo muy pequeño de ciudadanos. El año pasado se iniciaron seis casos. En 2013 fueron tres y en 2012, nueve.

Los más optimistas o fieles a las tesis del Gobierno central que defiende el inicio de la recuperación económica, vincularán este aumento de las disoluciones matrimoniales al final de la crisis como si de un síntoma se tratara.

Sin embargo, otros datos invitan a la prudencia como el aumento de la demanda en el servicio de Justicia gratuita. "Es cierto que en este último año se está notando un aumento en este servicio de ciudadanos que quieren disolver su matrimonio. Pero relacionar este incremento con una mejora de la situación económica es aún precipitado", señala el decano de los abogados.