Tribunales
El primer juicio del caso ERE sólo contra empresarios que recibieron ayudas será en septiembre de 2023
Se les juzga por el préstamo irregular que la Junta de Andalucía concedió a la empresa EDM Séneca por importe de 384.841,65 euros
El 7 de septiembre de 2023 comenzará el primer juicio de la macrocausa de los ERE fraudulentos en el que no habrá ex altos cargos de la Junta de Andalucía sentados ante un tribunal. El banquillo de los acusados estará ocupado únicamente por dos empresarios de la sociedad EDM Séneca, que recibieron un préstamo irregular que la Junta de Andalucía por importe de 384.841,65 euros «sin sujección a procedimiento legalmente establecido», según un auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que instruye el caso ERE.
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla, que debe enjuiciar esta pieza, dictó el pasado 28 de junio una orden de citación por la que establece 18 sesiones del juicio oral , que se desarrollarán entre el 7 de septiembre de 2023 y el 19 de octubre de dicho año.
En este proceso están acusadas dos personas por supuestos delitos de prevaricación, falsedad en documento público y malversación de caudales públicos: el que fuera máximo accionista y consejero delegado de la compañía Electronic Devices Manufacturer (EDM) Séneca radicada en el municipio jienense de Mancha Real, Juan Ruiz Cobos, y María Josefa Cueva Gómez , otra ex responsable de la sociedad.
El «pretendido destino» de esta subvención era « atender el pago de nóminas de sus trabajadores » el tiempo necesario para afrontar la reestructuración de la compañía que cerró tras recibir unos cuatro millones de euros de fondos públicos a través de distintas consejerías y entes instrumentales del Gobierno andaluz, como la empresa de capital riesgo Invercaria.
La particularidad de este crédito es que no se abonó con cargo al «fondo de reptiles» sino que el dinero salió de la Consejería de Innovación
La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla archivó la causa contra cuatro ex altos cargos que el juzgado quería llevar también al banquillo. La Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular que ejerce la Administración autonómica habían solicitado cinco años de cárcel para cada investigado por malversación y prevaricación al defender que la ayuda no provenía del programa presupuestario 31-L (el fondo de los ERE) sino de la Consejería de Innovación.
La particularidad de este crédito es que, aunque lo concedió el exdirector general de Trabajo Juan Márquez a través de un convenio, no se abonó con cargo al programa presupuestario 31L, conocido como «fondo de reptiles» , sino que fue financiado con fondos de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresas, cuyo importe superaba los 8,8 millones. Se ignoran las razones por las que se eligió esta fórmula, según indicó la Sección Séptima que dio la razón a los ex altos cargos que apelaron contra su acusación y a los que les dio la razón. El tribunal sí reconoce que hubo un menoscabo de fondos pero imputable al programa 31L desde enero de 2014, cuando los ex altos cargos encausados no estaban ya mandando.
Por tanto, la Sección Séptima ordenó el sobreseimiento libre de las actuaciones contra el exdirector general de IDEA Jacinto Cañete Rolloso, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández García y el exdirector general de Trabajo de la Junta Juan Márquez, quien concedió el préstamo que no ha sido devuelto.
También archivó la causa contra Bienvenido Martínez, director de inversiones de IDEA y miembro del consejo de administración de Invercaria que había otorgado un préstamo participativo a la citada empresa jienense « a sabiendas de que era la fórmula creada para eludir el embargo y la legalidad que regía en materia de subvenciones», según el auto del juzgado que cerró esta investigación. Todos ellos están ahora citados por el tribunal que juzga la pieza como testigos los días 19 y 20 de septiembre de 2023.
La Sección Séptima, a diferencia del juzgado, considera que Martínez no tenía «competencia alguna» en la concesión de ayudas, como alegó su abogado, Juan Carlos Alférez, y que «s u nombre ni siquiera aparece» en el expediente de EDM , hasta el punto de que ni el juez ni las acusaciones indican «que haya podido influir de manera concreta y directa» en la concesión del préstamo.
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