Caso Formación

El PP denuncia «inactividad lesiva» de la juez Núñez en el caso de los cursos de formación

Presenta una queja tras ocho meses sin noticias de un recurso sobre un auto relacionado con las imputaciones del exconsejero Ángel Ojeda

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Los letrados que representan al PP en el caso del fraude en los cursos de Formación han formulado una queja formal contra la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, María Ángeles Núñez Bolaños «por la inactividad lesiva en vía ordinaria» ante la falta de constestación durante ocho meses de un recurso, ya que considera que se trata de «un supuesto típico de funcionamiento anormal de la administración de Justicia» que quebranta el artículo 24 de la Constitución.

Una de las primeras medidas que adoptó la nueva juez de los casos ERE y Formación cuando sustituyó a Mercedes Alaya fue dejar sin efecto un auto de la anterior magistrada en el que se ampliaban las imputaciones contra el exconsejero Ángel Ojeda.

Alaya había dictado dicho auto el 15 de junio de 2015. Bolaños llegó al juzgado un día después y el 17 revocó esta decisión la anterior instructora. Esa decisión fue recurrida por el PP en un recurso de reforma que se folió con fecha 23 de noviembre de 2015. Sin embargo, esa apelación todavía no ha sido resuelta por la actual juez

En el escrito presentado al juzgado el pasado 23 de junio, al que ha tenido acceso este periódico, el PP incluso anuncia que se reserva «el ejercicio de las acciones pertinentes para la reclamación de daños y perjuicios, aun en el caso de que se supere la dilación». Incluso plantea la posibilidad de interponer un recurso de amparo ante el Constitucional si no se produce el cese de esta inactividad, ya que, según refleja el citado escrito, «esta parte ha realizado varias gestiones verbales ante el negociado encargado de su tramitación, sin que hasta la fecha se haya dictado resolución al respecto». Han transcurrido más de ocho meses y los populares consideran que se ha rebasado el tiempo lógico para la resolución de un recurso de este tipo, por lo que consideran que se está produciendo una situación de posible dilación indebida que podría vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva.

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