500 PLEITOS ABIERTOS

La Junta de Andalucía sigue cobrando a los puertos un canon y tasas tumbados por el TSJA

La administración autonómica tendrá que devolver hasta 70 millones por los cobros indebidos

Imagen de yates en Puerto Banús ABC

J. J. MADUEÑO

La Junta de Andalucía ha comenzado a cobrar en 2018 el canon de concesión a los puertos de forma irregular. Lo denuncia la asociación del sector Marinas de Andalucía, que asegura que la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA ) «está girando el cobro de este año sin base legal». La propia Consejería de Fomento ha mandado una misiva a los puertos para avisar de que el procedimiento por el que están cobrando estas cantidades no es correcto, puesto que la norma que rige este aspecto está recurrida en los tribunales, y que tienen que volver a redactar unas nuevas bases para efectuar esos cobros, explica José Carlos Martín, presidente de Marinas de Andalucía.

El problema viene de largo. La asociación estima que el Gobierno andaluz debe devolver cerca de 70 millones de euros a las concesionarias de los puertos en Andalucía y a los usuarios que han pagado tasas por servicios en base a la normativa anterior. Una regulación que está revocada por la Justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anuló a finales de 2017 el decreto 368/2011 por el que se establecían las tasas por servicios portuarios como pesca, embarcaciones deportivas y mercancías. Marinas de Andalucía cifra el impacto de esta sentencia en unos 18 millones de euros. La decisión del juzgado afecta a los ejercicios 2013 y 2014, por lo que, según la asociación, sólo por estos años la Junta debe abonar 36 millones más.

Litigio antiguo

El varapalo no es nuevo. La APPA ya fue condenada a devolver más tasas. En el año 2014 el Tribunal Supremo derogó el decreto 371/2004 y condenó a reintegrar el canon desde 2006. Luego llegó la decisión del TSJA a instancias del recurso presentado por el puerto de Fuengirola, cuya ampliación lleva años paralizada por la propia APPA. «Estas sentencias hacen que la Junta tenga que abonar el canon cobrado desde 2006 a 2014», apunta Martín, que señala que hasta 2012 la APPA debe pagar a los puertos unos 18 millones de euros y que, en base a este concepto, ha de revertir por los años 2013 y 2014 otros 5,2 millones más.

Hasta el momento, la administración autonómica está devolviendo el dinero del canon cobrado de forma irregular desde el 2006 al 2012. Sin embargo, no lo está haciendo con todos los usuarios afectados de los años 2013 y 2014, ya que deben ser los perjudicados por este cobro anómalo los que soliciten la devolución del dinero. «La Junta no lo hace de oficio», remarca el presidente de Marinas de Andalucía, quien señala que su asociación también está pidiendo en los tribunales, en un proceso que está abierto, que se devuelvan los cobros en todos estos conceptos que la agencia ha hecho durante los años 2015, 2016 y 2017.

El problema es que no hay ningún decreto, ni regulación, que sea garante de que los cobros q ue se efectúen se ajusten a derecho. «Hay que sentarse a negociar para ver cómo se puede arreglar esta situación», afirma Martín, quien asegura que «se necesita un nuevo decreto» que ponga orden en el sector».

Amparo a la Justicia

Ahora, los usuarios y las empresas han pedido amparo a la Justicia para que sus recursos no sean esquilmados sin una base legal. Según Marinas de Andalucía, en la actualidad la Junta tiene abiertos con los puertos y sus usuarios unos 500 procesos judiciales por la vía contencioso-administrativa contra el cobro de las tasas y cánones de explotación. «Y el número se ha reducido. Hace un par de años eran 800 los pleitos con la APPA, pero la Junta ya ha perdido 300 en este tiempo», remarca José Carlos Martín.

Por ello, la administración necesita liquidez, según el máximo directivo de las Marinas andaluzas . Su presupuesto es de 24 millones, pero si han de devolver unos 18 al año, «necesitan dinero para sobrevivir y pagar las nóminas», aduce. Eso explica, en su opinión, que la APPA haya comenzado a girar el canon de 2018. ABC ha intentado sin éxito recabar la opinión de la administración pública.

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