La Fiscalía pide que los exconsejeros Ojeda y Fernández declaren por el fraude de los cursos de formación

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la juez que investiga las presuntas irregularidades en los cursos de formación pagados con fondos públicos que cite como investigados a los exconsejeros andaluces Antonio Fernández y Ángel Ojeda, cuyo entramado de empresas recibió 33,3 millones de euros.

Fuentes judiciales han explicado que la citación a los dos exdirigentes políticos socialistas se ha realizado desde la Fiscalía a la titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, María Núñez.

En su solicitud, la Fiscalía incluye a Ojeda y a Fernández, este último también implicado en el caso de los ERE, dentro de las trece personas que pide que declaren como investigados, término que sustituye al de imputado.

En enero pasado, la juez abrió diligencias previas de las tres piezas desgajadas de la macrocausa de los cursos de formación relativas a entramados empresariales, entre ellos los de Ojeda, José María Pérez González y Rafael Velasco Sierra, que fue vicesecretario general del PSOE de Andalucía.

En la pieza relativa al entramado empresarial de Ojeda se investiga la actividad desarrollada por empresas integradas en el Grupo Prescal, que habría recibido, con cargo al programa 32D y dentro del dispositivo de Delphi por parte de la Consejería de Empleo, 33,3 millones de euros.

Ese dinero se concedió en concepto de subvenciones excepcionales a la formación y a la contratación a través de las asociaciones controladas por Ojeda (AEA, Humanitas, Innova y Natura), que fueron otorgadas en los años 2009 y 2010, según el auto de la juez.

Existen indicios de que buena parte de los fondos percibidos por Ojeda, en lugar de destinarlos a la realización de cursos para capacitarlos en orden a una posterior contratación, se simulaban contratos de trabajo con los antiguos empleados de Delphi, según la juez.

Además, había una contratación irregular, no con terceros, sino con empresas del mismo grupo, subcontratación irregular que se habría realizado con la finalidad de desviar los fondos a otras empresas y dificultando su seguimiento, añade la instructora.

La apertura de estas diligencias de los entramados empresariales se produjo después de que el 21 de diciembre pasado la juez dividiera en nueve piezas la macrocausa que investiga las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta.

Además de las tres piezas de los entramados, la juez abrió cuatro más de los consorcios creados por la Junta de Andalucía con entes locales: Ciomijas, Formades, Forman y CTI.

También existe una pieza que afecta a la Fundación Pública Andaluza de Formación y Empleo (FAFFE) y una más relativa al Servicio Andaluz de Empleo (SAE).