CORRUPCIÓN
Ya hay fecha para el segundo juicio en el caso de Invercaria: septiembre de 2021
La Fiscalía Anticorrupción pide entre seis y tres años y medio de cárcel para el expresidente de la sociedad pública de capital riesgo de la Junta y otros tres exdirectivos
Dos años después la Audiencia de Sevilla volverá a juzgar una pieza separada del caso de corrupción de Invercaria , la sociedad de capital riesgo de la Junta de Andalucía que, entre 2005 y 2010 con el PSOE-A al frento del Gobierno autonómico, gestionó 60 millones para 276 proyectos empresariales, algunos de ellos ruinosos. Será a partir de septiembre de 2021 cuando un tribunal de la Sección Cuarta siente en el banquillo de los acusados, entre otros, al expresidente de la sociedad Tomás Pérez-Sauquillo y otros tres exdirectivos, entre ellos el sobrino de Felipe González , por delitos de prevaricación y malversación en la contratación de personal en esta entidad pública.
Fuentes del caso han detallado a este periódico que la vista oral dará comienzo el 13 de septiembre de 2021 y se prolongará, previsiblemente, durante quince sesiones, concluyendo el juicio el 6 de octubre, según el planteamiento inicial de la Sala.
En esta ocasión serán cuatro las personas que serán juzgadas. Pérez-Sauquillo, que y a fue condenado a tres años y medio de cárcel por la ayuda a Aceitunas Tatis , en la que fue la primera sentencia de esta macrocausa, el ex director financiero Antonio Garrido, el exdirector de Promoción Cristóbal Cantos y Juan María González Mejías, sobrino del expresidente del Gobierno y que también fue director de Promoción de Invercaria.
La Fiscalía Anticorrupción solicita por los hechos que serán juzgados seis años de prisión para Tomás Pérez-Sauquillo y Antonio Garrido; y tres años y medio de cárcel para Cristóbal Cantos y González Mejías.
El juez, en su auto de procesamiento, explicaba que esta pieza separada, conocida como la de personal de Invercaria, se abrió « por las actuaciones manifiestamente contrarias a derecho en materia de retribuciones del personal y finiquitos en dicha entidad, actuaciones que supusieron» la «disposición de importantes cantidades de dinero a favor de los investigados», quienes, según el propio instructor, podrían haber participado en un presunto delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos.
El juez considera que «existen indicios racionales de la concurrencia y presupuestos, al menos indiciariamente», de ambos delitos, y centrándose en el delito de malversación precisa que «existen indicios racionales claros» del mismo «al existir disposiciones de fondos públicos a los que tenían acceso» los cuatro investigados en su relación laboral con Invercaria, «prevaliéndose de las facultades que ostentaban en los cargos que ocupaban para así realizar actos indebidos ilícitos y antijurídicos en detrimento del patrimonio público y en orden a obtener un lucro ilícito e indebido».
Decidía sueldos y contratos
Para el magistrado Gutiérrez Casilla, Pérez-Sauquillo, como consejero delegado de Invercaria, «asumió, entre otras, las facultades de contratar y separar empleados y señalarles las correspondientes retribuciones y puestos de trabajo», de forma que « decidía qué personas eran contratadas para trabajar en la entidad Invercaria, así como los sueldos que le correspondían ».
Decisiones que adoptaba «sin adaptarse a ningún procedimiento legalmente establecido y por su propia voluntad». Así, «nunca recabó el preceptivo informe previo de la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Economía y Hacienda , ni respetó los límites salariales que le imponían las distintas leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma ».
«Prevaliéndose de sus facultades como consejero delegado de Invercaria, Pérez-Sauquillo, en los años 2007 a 2009, decidió incrementar las retribuciones que iba a percibir personalmente de Invercaria y ello con el único propósito de enriquecerse a costa de los fondos de Invercaria» y «sin que existiera causa justificada» de dichas subidas salariales, asevera el magistrado.
Condonación de deuda
El juez añade en su auto de procesamiento que, el 17 de abril de 2006, el investigado Antonio Nieto suscribió un contrato de trabajo por tiempo indefinido con Invercaria para prestar sus servicios como director financiero, y añade que Pérez-Sauquillo, «concertado» con Nieto, «sin que existiera fundamento objetivo que lo justificara, decidió retribuir al investigado en el periodo de los años 2007 a 2010 unas cifras salariales muy superiores a las que le correspondían según su contrato de trabajo y la legislación vigente sin causa legal justificada», y todo ello «sin que existiera otra causa de esas subidas salariales que el propósito de ambos de obtención de lucro por parte de Antonio Nieto en perjuicio de Invercaria».
Seguidamente, el magistrado manifiesta que, el 1 de noviembre de 2005, el investigado Cristóbal Cantos suscribió un contrato de trabajo por tiempo indefinido con Invercaria a fin de que ostentara el cargo de director de Promoción en el centro de trabajo de Sevilla, agregando que, en julio de 2007, Invercaria concedió a Cantos un préstamo personal de 30.000 euros a devolver sin intereses en 60 mensualidades mediante un descuento en la nómina. Según el auto, a la fecha de la extinción de la relación laboral, Cantos «tenía pendiente de devolver a Invercaria la suma de 17.962,53 euros» de ese préstamo personal.
El juez asevera que el expresidente y el ex director financiero de esta sociedad de capital riesgo, «manejando los fondos públicos de Invercaria, decidieron condonarle la cantidad pendiente de devolución del préstamo personal », con lo que «permitieron que obtuviera un lucro indebido en detrimento de Invercaria». El instructor considera que estos tres investigados «eran conscientes y sabedores de lo irregular e ilegal de la condonación de la cuantía todavía adeudada».
De IDEA a Invercaria
A continuación, el magistrado señala que, el 1 de julio de 2005, el investigado Juan María González suscribió un contrato de trabajo por tiempo indefinido con Invercaria para desempeñar el cargo de director de Promoción en el centro de trabajo de Sevilla, de modo que, cuando comenzó a trabajar en Invercaria, esta sociedad de capital riesgo, «a petición» de este investigado, «se subrogó en el préstamo personal que la agencia IDEA le había hecho a González durante el tiempo que desarrolló su trabajo para la referida agencia IDEA», una operación con la que el sobrino de Felipe González « pasó a contraer una deuda con Invercaria» por una cuantía de 17.468,75 euros «en concepto de préstamo que debía devolver en 60 meses mediante detracciones mensuales de las retribuciones que fuera percibiendo como trabajador de Invercaria».
El juez precisa que, a la finalización de la relación laboral de González con Invercaria, « tenía pendiente de devolver 27.406,25 euros de los que Invercaria le había prestado », y señala que el expresidente y el ex director financiero de la sociedad pública «decidieron condonarle esa cantidad pendiente de devolución», con lo que «permitieron que obtuviera un lucro indebido con esos fondos públicos en perjuicio para el patrimonio de Invercaria», siendo estos tres investigados «conscientes y sabedores de la manifiesta irregularidad de esta condonación».
El 1 de junio de 2010, siendo ya González Mejías consejero delegado de Invercaria, «concertó con Invercaria la concesión de otro préstamo personal de 30.000 euros a devolver en 60 meses mediante detracciones de las retribuciones que fuera percibiendo como trabajador», pero a la fecha del cese de la relación laboral «tenía pendiente de devolver 29.000 euros» que «no devolvió» en ese momento «con el consentimiento» del director financiero. Finalmente, el investigado repuso dicha cantidad en marzo de 2012.
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