El juez de «Malaya» dicta prisión para evitar una nueva fuga de Carlos Fernández

La Justicia española sigue estrechando el cerco a Carlos Fernández, concejal fugado de Marbella durante los registros de la operación «Malaya» en 2006 y detenido en Argentina el pasado 15 de septiembre. El Juzgado de Instrucción 5 de la localidad de la Costa del Sol ha solicitado este lunes la extradición del exedil del GIL primero y del PA después. Se le requiere por la presunta comisión de un delito de cohecho del que estaba siendo investigado. El juez encargado del caso también ha dictado un auto de prisión incondicional contra el fugado y ha solicitado a la Interpol su detención preventiva , según informa el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En varios autos dictados en la mañana del lunes, el juez instructor atiende a las peticiones formuladas por el Ministerio Fiscal. Se deniega la prescripción judicial del delito de cohecho por el que estaba siendo investigado Carlos Fernández. El juez da la razón a la Fiscalía en el planteamiento en el que este ilícito tiene un periodo de prescripción de 15 años. El delito sigue vigente, según la Justicia, no sólo porque no han transcurrido los años necesarios para la prescripción desde el inicio de la instrucción del «caso Malaya», sino también debido a los posteriores trámites y resoluciones judiciales que se fueron adoptando en el proceso de la macrocausa de corrupción urbanística.

Por estas razones, el Juzgado de Instrucción 5 de Marbella acuerda el inicio de los trámites de extradición del exconcejal desde la República Argentina, donde se encuentra detenido desde el pasado 15 de septiembre a la espera de que la Justicia española requiera su presencia para ser juzgado por la decena de causas que tiene pendientes. La Audiencia Nacional ya ha requerido su extradición por el caso «Saqueo 2» y ahora es el Juzgado de Instrucción 5 de Marbella el que pide a la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia que proceda a dar curso a la solicitud en virtud del Convenio de Extradición suscrito entre España y Argentina.

En este punto, es donde el magistrado ha acordado también la prisión provisional, comunicada y sin fianza del fugado tal como establece el artículo 825 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que exige que sea decretada la prisión del investigado. Finalmente, el juez ha cursado una orden directa a la Interpol para que mantenga en prisión preventiva al fugado mientras se llevan a cabo los trámites de extradición. De este modo, se asegura que no pueda volver a fugarse.

Carlos Fernández fue detenido en Rivadavia, municipio argentino de la provincia de San Juan, para forzar la extradición por parte de su defensa. Su hermano y abogado, Antonio Fernández, había intentado personarse en la causa para ver la prescripción de los delitos. La Justicia española no se lo permitió. La defensa sostenía que los delitos que recaían sobre el exconcejal h abían prescrito todos a los 11 años de su fuga . Por eso dieron el paso y Fernández forzó su detención. Sus abogados tendrían a través del proceso de extradición toda la documentación relativa a los procesos que pesan sobre Carlos Fernández. Pero no han hecho bien las cuentas y las solicitudes de extradición se agolpan ante la Justicia argentina , que tendrá que decidir en 30 días desde la detención si lo manda a España para ser juzgado. El Ayuntamiento de Marbella también ha pedido, por estar personado en las causas, la extradición del exedil para ser procesado en España.