Ignacio González defiende su inocencia por el ático de Estepona

Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, defendió su inocencia en el juzgado número cinco de Estepona en relación a la acusaciones por el ático, que el político posee en la urbanización de Guadalmina de la localidad de Malagueña. Al salir de la comparecencia González aseguró: «Ha quedado muy claro que toda mi actuación ha sido legal y clara», y añadió que «todo lo que se ha dicho es mentira».

El ex presidente entró en los juzgados sobre las 9.25 horas para comparecen ante la jueza Isabel Conejo. González no contestó a las preguntas de las tres acusaciones particulares que están en el caso y se limitó sólo a responder a las preguntas de la jueza y del fiscal.

«No he hecho nunca nada ilegal, alquile un casa y pagué claramente mis alquileres por transferencia bancaria», añadió González, quien sostiene que el inmueble, con un valor cercano a los 800.000 euros, lo adquirieron con una indemnización laboral su mujer Lourdes Cavero, que también estuvo citada ayer para comparecer.

«Pagué una casa con cargo a un crédito bancario a la indemnización de mi mujer», señaló Ignacio González. Lourdes Cavero compareció llegó a la misma hora que Ignacio González, pero por separado para comparecer. Por su parte, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, llegó sobre las 11.30 para prestar declaración ante la jueza.

Ni Cavero ni Cerezo hicieron declaraciones a la entrada de los juzgados. Las declaraciones se producen a instancias de la Fiscalía Anticorrupción con relación al compra y venta del inmueble incurriendo en supuestos delitos de cohecho y blanqueo de capitales.

Enrique Cerezo no es la primera vez que está citado a declarar. En aquella ocasión debía acudir como testigo, aunque no compareció. En aquella ocasión el presidente del Atlético de Madrid estaba citado en la ronda de comparecencias a las que también debieron acudir los comisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño.

Villarejo es el que aparece en las grabaciones aportadas como prueba y que han vuelto a reactivar el proceso judicial, que arrancó en 2012.