Caos y precariedad en el último juzgado mediático de España

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y el presidente del club de fútbol Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, deberán comparecer en los próximos días en los juzgados de Estepona para declarar en calidad de investigados por la controvertida compra de un ático en esta localidad de la Costa del Sol. Serán los dos últimos rostros conocidos en acudir a esta sede judicial que, a pesar de sus limitados medios humanos y materiales, instruye algunos de los casos más mediáticos del país. Desde la desarticulación del entramado de los «gángters» irlandeses que tienen conmocionado al Reino Unido; pasando por los intentos de la mafia rusa de blanquear dinero ilícito a través de políticos del Ayuntamiento de Casares

; el «enchufismo» de más de 470 familiares, afiliados y simpatizantes de IU en Manilva; y el «epílogo» del «caso Malaya»: el «caso Astapa» que destapó la supuesta corrupción del PSOE en el municipio y que acumula ya casi ocho años de instrucción. Una «lucha» contra el delito que, no obstante, se libra de forma desigual y ante la que la Junta de Andalucía ha hecho nada, a pesar de las reiteradas quejas de los órganos judiciales y los trabajadores

Andalucía es el ejemplo palpable de una justicia a dos velocidades: mientras se intenta implantar de forma improvisada la gestión telemática, los primeros delitos por el «caso Ere» comienzan a prescribir. Estepona, el paradigma.

«Esto parece la TIA de Mortadelo y Filemón», afirmó un magistrado en un reportaje publicado por este periódico el verano pasado donde los jueces y funcionarios de los juzgados de Estepona respondían a Emilio de Llera. El controvertido consejero de Justicia andaluz —conocidas son sus opiniones sobre la juez Mercedes Alaya— había realizado unas polémicas declaraciones en las que cargaba contra la «ineficiente» y «absolutamente ineficaz»  instrucción del «caso Astapa» y en las que obviaba las condiciones de trabajo de los funcionarios de esta sede.

Han pasado varios meses de aquello y la situación no solo no ha mejorado, si no que se ha enquistado. Las imágenes de habitaciones desbordadas por archivos, techos que se caen, humedades, cucarachas o pruebas amontonadas una sobre otra se siguen repitiendo y son la consecuencia de investigaciones lastradas por la escasa dotación de personal.

El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) en Málaga ha remitido un escrito al mencionado consejero en el que le recuerda que, en el contexto de un número de juzgados inalterado «desde hace mucho tiempo», los juzgados esteponeros padecen una «endémica falta de personal» perjudicada por «su dispersa ubicación y sus malas instalaciones». Por difícil de creer que parezca, esta sede judicial está distribuida en tres puntos del municipio: Avenida Puerta del Mar y las calles Juan Carlos I y Delfín, que además son de alquiler.

Los 68 funcionarios —incluidos jueces o letrados de la Administración— deben atender a una población censada de 87.000 personas, que puede llegar a triplicarse en periodo vacacional. Descompensación de medios a la que se suma el hecho de que, al ser unos juzgados en los que no existe separación de jurisdicciones, se deben atender indistintamente procesos civiles y penales, «por lo que cualquier gran caso es ralentizado por el volumen de asuntos», incide el STAJ.

El «caso Astapa», el segundo del país —tras «Malaya»— que destapaba la corrupción política en un Ayuntamiento español, lleva casi ocho años de instrucción y no hay visos de que se desatasque su instrucción a pesar de los ruegos lanzados por el juez encargado, quien carecía de una fotocopiadora especial para escanear la documentación.

«Manilva», tres cuartos de lo mismo. La denuncia que puso a la justicia sobre un supuesto entramado de «enchufismo», concesión de contratos a familiares y jugosas bonificaciones en torno a IU y el Ayuntamiento de Manilva se interpuso en 2009. Esta misma semana se estaban entregando citaciones a investigados.

A la coalición de izquierdas también afectaba el «caso Majestick» que instruye las vinculaciones de la mafia rusa con antiguos miembros del equipo de Gobierno de Casares para blanquear dinero ilícito a través del ladrillo.

La investigación que asestó el golpe más importante a los grupos mafiosos irlandeses que ahora han recobrado protagonismo por su sangrienta lucha en las calles de Dublín acumula ya casi seis años. «Shovel», como fue bautizada la operación policial, que puso las esposas al clan Kinahan, es otra de las mediáticas causas que se siguen en los juzgados esteponeros.

Sumarios dañados...

Este volumen de trabajo, y el nivel de importancia del mismo, contrasta con las herramientas con las que cuenta el aparato judicial. «Resulta lamentable el estado en el que se encuentran las sedes», señala STAJ, quien considera que esta situación daña la eficiencia.

«Existe un problema realmente grave de falta de personal», explicó a este periódico la juez decana, quien agregó que «se han dado casos en los que han tardado en cubrir una baja tres meses».

Humedades, sumarios dañados por filtraciones de agua o instalaciones poco seguras —«en nuestra sede pueden hacer un alunizaje perfectamente»— se incluyen en la lista de reivindicaciones de los profesionales que trabajan en esta sede.

«Con estos medios es imposible cumplir los plazos», señaló un compañero que finalmente optó por irse a otros juzgados –en parte- agotado por la situación. La Justicia, sentenció, es la «hermanita pobre» de la Administración: «Circula con ruedas cuadradas

«Son necesarios más jueces, más funcionarios y más policías», apuntó en su momento la magistrada, quien reclamó «juzgados especializados» en la lucha contra la corrupción que estén bien equipados y coordinados. Sus peticiones no han sido satisfechas a pesar de que han reiterado que «estos Juzgados no reúnen las condiciones mínimas».

Ni la anunciada creación de otro órgano judicial —Estepona número 6— podría aliviar los males de estos juzgados. Además del hecho de que «ni siquiera tiene fecha de entrada en funcionamiento», recalca el sindicato, los funcionarios censuran que los planes sean ubicarlo en otro edificio. O sea, habría una cuarta sede.

El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia exige en su escrito la construcción de una Ciudad de la Justicia con «acceso, instalaciones y medidas de seguridad e higiene adecuadas a un partido judicial como el de Estepona». Una sede a la altura del trabajo y los casos que llevan sus jueces y funcionarios.

Terrenos cedidos

Lo más incomprensible de la situación que padecen los Juzgados de Estepona es que el Ayuntamiento de la localidad ha ofrecido en reiteradas ocasiones suelo para construir una Ciudad de la Justicia acorde con las necesidades de los jueces y funcionarios y de los ciudadanos. Fuentes municipales recordaron que el 18 de abril de 2008 se acordó la cesión de una parcela en Las Mesas que sustituía a la de 1.500 metros cuadrados que previamente se ofreció en la zona de Parque Central. El Consistorio ha exigido en numerosas ocasiones la necesidad de construir este equipamiento. El último acuerdo plenario aprobado en este sentido el adoptado por unanimidad de la Corporación el pasado 14 de mayo de 2014, en el que se hacía el ofrecimiento de terrenos -en la ubicación que la administración andaluza considere oportuna-, tras tener conocimiento del informe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, en su memoria anual de 2013, reconoció “la difícil situación” que atraviesan las sedes judiciales en Estepona.