Piden cuatro años de cárcel por vertidos tóxicos en la Sierra de Huelva

Un empresario estuvo vertiendo de forma descontrolada residuos tóxicos (purines) procedentes de la explotación de ganado porcino que regentaba en Cumbres Mayores, alcanzando fincas colindantes y con filtraciones que afectaron al dominio público hidráulico, a aguas subterráneas y al barranco de Río Frío, en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Los vertidos se estuvieron produciendo desde diciembre de 2013 hasta que el juzgado llamó a su puerta, aunque en años anteriores se detectaron episodios puntuales, de los que fue advertido en distintas ocasiones. El propietario de la finca vecina le comunicó en sucesivas ocasiones que los vertidos estaban afectando a uno de sus pozos, utilizado para consumo humano, y llegó a tener que dejar de plantar la huerta por la contaminación y la afectación de la salud.

Después de haberse saltado la normativa y hacer oídos sordos a los toques de atención de su vecino, el propietario de la explotación se enfrenta a cuatro años de cárcel por un delito contra el medio ambiente por el vertido, con riesgo para la salud humana, según recoge la acusación formulada por la Fiscalía de Huelva, que solicita además su inhabilitación para el ejercicio de profesión relacionada con la gestión de explotaciones ganaderas durante tres años.

«Microorganismos fecales»

Las pruebas realizadas durante la instrucción de la causa por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Sevilla (INT), indican que los vertidos presentaban concentración de «microorganismos fecales», con efectos perjudiciales para la salud. De hecho, el dueño del pozo sufrió afecciones estomacales con diarreas y vómitos, mientras que la instalación requirió de continuas reparaciones de las bombas de extracción (con un gasto de más de 5.010 euros) y la cloración del agua del pozo para permitir su consumo.

En su escrito, la Fiscalía, subraya que los purines tienen «carácter tóxico y destructor del oxígeno necesario para la vida animal y por la presencia de microorganismo constituyen un foco potencial de transmisión de enfermedades para todos los que consumen el agua afectada».

La explotación, con una superficie de tres hectáreas y una capacidad para 700 cabezas de ganado, sólo tenía autorizada una balsa impermeabilizada de 384 m3 para la recogida de «purines». Sin embargo, se comprobó que contaba con dos balsas hormigonadas «rebosantes» de estos residuos y otras dos balsas realizadas directamente sobre la tierra, sin ningún tipo de autorización y sin impermeabilizar, que ocasionaron la filtración y el vertido de los «purines».

En una ocasión, relata el fiscal, el acusado encargó a un trabajador el vertido de purines con un tractor y una cuba en las fincas colindantes con su explotación y realizó zanjas para que los vertidos no siguieran su cauce natural sino que afectaran directamente a la finca vecina.

El responsable de la explotación no contaba con autorización ni adoptó medidas para evitar la afectación del DPH ni cumplió el informe ambiental favorable emitido por la Delegación de Medio Ambiente, que exigía la total impermeabilización de las balsas para evitar filtraciones al DPH. Fue al iniciarse la causa penal cuando solicitó las licencias preceptivas.