La operación del campo de golf de Matalascañas fue «netamente perjudicial para el interés público»

Una sentencia emitida por el Juzgado numero tres de lo Contencioso Administrativo de Huelva advierte del «carácter netamente perjudicial para el interés público» de la adquisición por parte del Ayuntamiento de Almonte de la sociedad Exclusivas Doñana S.L., propietaria del campo de golf de Matalascañas.

El juzgado tacha la decisión del Gobierno socialista almonteño en 2009 no sólo de lesiva para los intereses generales, sino que además constata la absoluta irregularidad en el procedimiento administrativo llevado a cabo para la compra. En el tenor de esta sentencia – el juzgado emitió dos, una destinada a contestar el recurso interpuesto por los concejales socialistas implicados en la compra y otra, ésta, que responde al recurso de los antiguos propietarios de la empresa y de la instalación deportiva -, la sala hace alusión a la situación económica en la que se encontraba la sociedad mercantil Exclusivas Doñana en el momento de su adquisición por el Ayuntamiento, con una frase no exenta de ironía, al calificarla como «no boyante, por decirlo con la gráfica expresión recogida en el Dictamen del Consejo Consultivo».

La sala onubense afirma que «el valor de la empresa adquirida, en constantes pérdidas, era claramente inferior al inicialmente pretendido» y basa esta declaración en «la documentación económica al efecto aportada», tratándose ésta de las actas de la Junta General de Socios de Exclusivas Doñana de las que se desprende que el Ayuntamiento adquirió la sociedad con una deuda bancaria de 750.000 euros. A esto habría que añadir pérdidas por valor de 444.672 euros después de que el Ayuntamiento, el mismo año en el que se efectúa la operación, aportara una subvención de 197.221 euros, por lo que la merma sufrida por las arcas públicas ascendió en el primer ejercicio de gestión municipal a un total de 641.893 euros.

Hay que recordar que la compra del campo de golf de Matalascañas, llevada a efecto en mayo de 2009 por el Gobierno socialista presidido por Francisco Bella, fue denunciada por la vía penal por el Partido Popular en la pasada legislatura. En la causa quedó acreditado que el Ayuntamiento almonteño pagó dos veces más del valor real de las instalaciones, tal y como confirmaba un informe pericial expedido por la empresa TAXO a instancias del juez Santiago Muñoz. La Audiencia Provincial de Huelva decretó entonces la apertura de juicio oral, que no pudo llevarse a efecto por la retirada de la acusación municipal por parte de la actual alcaldesa de Almonte, la socialista Rocío Espinosa, librando así a los 19 procesados, entre los que se encontraban 13 concejales socialistas, de sentarse en el banquillo de los acusados.

La sentencia del Juzgado numero tres de lo Contencioso Administrativo de Huelva, viene a coincidir con lo sustanciado por el juez Santiago Muñoz, que confirmaba en el auto que daba apertura al juicio oral el carácter ruinoso de la operación para las arcas municipales, y abre una vía para que los partidos en la oposición soliciten la reapertura del proceso penal.

Aprobada una Comisión Informativa Especial

Los socialistas, con los votos en contra del PP y de Mesa de Convergencia (MdC) - marca blanca de Podemos en Almonte-, aprobaron en el último pleno la creación de una Comisión Especial para informar sobre la ejecución de la sentencia del campo de golf de Matalascañas. El equipo de Gobierno basó su propuesta en la necesidad de dotar de transparencia a «un procedimiento complejo» como es el de reversión de las actuaciones al momento anterior a la compraventa de la sociedad mercantil Exclusivas Doñana –propietaria original del complejo deportivo-, lo que supondría la devolución de las participaciones de la empresa y la gestión de las instalaciones a sus antiguos propietarios, así como el reintegro por parte de éstos de las cantidades económicas abonadas y los terrenos permutados por el Ayuntamiento, algunos de ellos ya edificados y vendidos a terceros.

MdC basó su apoyo a la propuesta de los socialistas en la necesidad de obtener información sobre el proceso «a día de hoy, este grupo sólo cuenta con una de las sentencias», lamentó su portavoz, José María García, en alusión a que los grupos de la oposición no han recibido información por parte del gobierno almonteño de la sentencia que hoy publica ABC.

Por su parte, el Partido Popular, impulsor durante su etapa de gobierno de las distintas denuncias que desembocaron en la actual situación, votó contra la propuesta de los socialistas argumentando que «la creación de la Comisión Informativa es una medida que sólo pretende dilatar en el tiempo la ejecución de una sentencia que la alcaldesa no está dispuesta a asumir», expuso el portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Almonte, José Antonio Domínguez Iglesias, quién añadió que «las competencias para la ejecución están cedidas por el pleno desde la pasada legislatura a la figura de la Alcaldía-Presidencia, por lo que la creación de esta Comisión lo único que demuestra es que la actual alcaldesa se sacude la responsabilidad».

Asimismo el portavoz de los populares anunció la futura convocatoria de un Pleno Extraordinario monográfico sobre la operación de compraventa del campo de golf de Matalascañas.