DINERO PÚBLICO

El «timo» del ingreso mínimo vital en Granada

El PP denuncia que únicamente se ha aprobado el 18 % de las 32.000 solicitudes presentadas en la provincia

Carlos Rojas y José Robles ABC

Javier López

El diputado nacional del PP por Granada Carlos Rojas y el senador por la provincia José Robles han calificado como «bochornoso» que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez y uno de sus cyuyos vicepresidentes es Pablo Iglesias haya convertido su «medida estrella», el ingreso mínimo vital, en «un timo».

Así han reprochado a los socialistas que sigan «empeñados» en vender a «bombo y platillo» que velan por ayudar a quien más lo necesita cuando las cifras arrojan que en Granada «tan solo se han aprobado el 18% de los 31.668 expedientes validados» . Lo que significa, en su opinión, que PSOE y Podemos, juegan con las esperanzas «de quien más lo necesita».

El caso de Granada no es aislado ni una excepción. En este sentido, Carlos Rojas ha recordado que en Andalucía, « de las 210.000 familias beneficiarias del mismo, solo se han resuelto unos 46.000 expedientes favorables , mientras están pendiente de tramitación unas 160.000».

Rojas ha recordado que el PP ha instado al Gobierno desde el primer momento a transferir a las comunidades autónomas los recursos necesarios para atender y resolver las ayudas en tiempo y forma, «pero el Gobierno de Sánchez, una vez más, lo único que ha hecho es dar constancia de su ineficacia e incompetencia».

En su turno, José Robles, al analizar la contestación a su pregunta escrita en el Senado sobre las ayudas, ha lamentado que en Granada de los 31.668 expedientes válidos, « solo se han resuelto 10.125 y únicamente se han aprobado 5.699 ».

El senador popular ha recriminado al Gobierno de Sánchez e Iglesias el « caos burocrático» que ha generado en torno al ingreso mínimo vital. Y ha recordado que «todos los gobiernos autonómicos tienen rentas básicas de inserción y saben bien como gestionarlo» por lo que ya que, en su opinión, el Gobierno de PSOE y Podemos es incapaz de resolver las solicitudes, debería transferir a las comunidades autónomas los recursos para resolver los expedientes y contratar el personal necesario para ello”.

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