El macrojuicio de la urbanización fantasma de Atarfe tendrá que esperar

Todo estaba listo para el macrojuicio por las supuestas irregularidades en la concesión de las licencias de primera ocupación en Medina Elvira, la urbanización fantasma del municipio granadino de Atarfe en la que 47 familias adquirieron unas viviendas de lujo sin que hoy puedan vivir en ellas por carecer de los mínimos suministros o servicios. Pero habrá de esperar.

La Audiencia Provincial devuelve el auto de apertura de la vista oral al Juzgado de Instrucción 4 de Granada para que aclare si se puede incluir al Ayuntamiento de Atarfe y las entidades bancarias que dieron los préstamos como responsables civiles subsidiarios para soportar las posibles indemnizaciones que pudieran tener que recibir estas familias, algunas de las cuales pedían justicia, desesperadas, hoy a las puertas de la sala.

Así lo han pedido los abogados de la acusación particular que representan a los perjudicados, sin que se hayan opuesto ni Ministerio Fiscal ni defensas, y con la única objeción de la acusación popular que ejerce Ecologistas en Acción que ha lamentado que la posibilidad de responsabilidad subsidiaria del Ayuntamiento de Atarfe, hoy en manos de una coalición apoyada por Podemos, «se pudo traer en fase de instrucción y no se hizo».

Entre los acusados están dos exalcaldes socialistas de Atarfe, aunque uno de ellos, Víctor Sánchez, está exento de presentarse ante el juez por problemas de salud. Es él quien condujo, con el beneplácito entonces de la cúpula del PSOE provincial, una desorbitada expansión urbanística en la primera mitad de la década pasada que llevó a conocer a este pueblo del cinturón metropolitano granadino como una pequeña Marbella. Todo se vino abajo con el estallido de la burbuja inmobiliaria.

El otro exalcalde, Tomás Ruiz Maeso, su sucesor en los últimos años y ya inhabilitado por prevaricar en la contratación de personal, defendía, tras la paralización del proceso, que en este caso «no ha habido una estafa» porque las viviendas quedaron «perfectamente terminadas»

Para ambos se piden penas de dos años de prisión y diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por la posible comisión de un delito continuado de prevaricación urbanística, al igual que para el arquitecto municipal y el secretario del Ayuntamiento.

Están también entre los acusados, en estos casos por supuesta estafa, los representantes de las empresas promotoras sobre los que la Audiencia de Granada también pide una nueva posición del juez instructor ya que no están representados en el proceso los administradores concursales que en su mayoría tendrían que responder por ellos al estar la mayoría en quiebra.

Una delicada decisión jurídica la que hoy ha tomado el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, presidido por la magistrada María Aurora González Niño, que ha aludido en su justificación el «volumen del proceso» y sus «dificultades» que, si no se atendiera la petición de responsabilidad civil subsidiaria solicitada por las partes, podría derivar en «mucho trabajo echado por tierra».

Medina Elvira estaba llamada a ser una urbanización de lujo con instalaciones turísticas y comerciales, y sin embargo los pocos vecinos que viven allí no tienen ni agua potable para consumo.

Si tienen seguridad es porque la pagan ellos, que ya desembolsaron cantidades que rondan los 300.000 euros para adquirir alguna de las 400 viviendas de lujo que se construyeron. Todo está abandonado al igual que el campo de golf de 18 hoyos que se construyó y en el que hoy pastan ovejas, cabras y caballos, abandonado a su suerte.