Rafael Gómez «Sandokán», cada vez más cerca de entrar en prisión por delito fiscal

El Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba ya ha notificado a los representantes legales del empresario Rafael Gómez «Sandokán» el auto de ejecución de la sentencia que le condena a cinco años y tres meses de prisión y el pago de una multa de casi 112 millones de euros por fraude fiscal.

El juez titular del Penal 3, Miguel Ángel Pareja, ha dictado la resolución por la que ordena la ejecución de la sentencia después de que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ratificara la pena impuesta por este mismo juzgado el pasado mes de julio en la que condenaba al empresario por dos delitos contra la Hacienda Pública. En este punto, con sentencia firme, el juez ordena el ingreso en prisión del ex líder de UCOR y presidente de Arenal 2000.

En esa resolución, el juez otorga 20 días a Rafael Gómez para «el ingreso voluntario en prisión» , pero es obligatorio que el juzgado cite a Rafael Gómez para notificársela personalmente en la sede judicial. En ese momento es cuando el tiempo comienza a correr en contra de Gómez, y es en ese punto, además, en el que desde el Juzgado se le requerirá la multa -casi 112 millones de euros- y se le solicitará el pago de la responsabilidad civil -otros 28 millones de euros- a la que ha sido condenado, al tiempo que se le comunica la pérdida de la posibilidad de obtener ayudas subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o la Seguridad Social por un periodo de tres años», según indicaron a ABC fuentes judiciales.

Es a partir de ahí cuando la defensa de Gómez tratará de eludir la prisión mediante la presentación de recursos contra el auto de ingreso en prisión del Juzgado, algo que previsiblemente tumbará la Audiencia Provincial. El recurso contra la orden de ingreso en prisión del presidente de Arenal 2000 tendría que ajustarse al artículo 80 del Código Penal , que también tendrá que resolver el juez.

El siguiente paso para Gómez sería solicitar el indulto ante el Gobierno de la Nación. En este caso, se trataría de «un derecho de gracia que concede el Gobierno, por el que se puede perdonar parte o la totalidad de una pena o penas », según establece la ley. Acto seguido, el juez se pronunciaría sobre esta petición del indulto. También el titular del juzgado puede suspender la ejecución de la pena mientras no se resuelva el indulto.

Sin embargo, según señalan fuentes jurídicas, el caso de que el juez decida suspender la condena hasta que se resuelva la concesión o no del indulto sólo sería conveniente si la condena fuera inferior al tiempo que tarda el Gobierno en resolverlo . Es decir, si se tratase de una condena de un año de prisión y el reo comienza a cumplirlo sin que haya resuelto el Gobierno, no tendría sentido porque en caso de concedérselo ya habría cumplido la pena en su totalidad. Sin embargo, Gómez está condenado a más de cinco años . Por lo tanto, podría ir a prisión y una vez allí esperar a que se resuelva el indulto por parte del Gobierno. Un indulto que, según recoge la ley para penas superiores a los dos años de cárcel, es difícil que se le conceda dadas las circunstancias actuales. Además, Gómez difícilmente podría optar a un indulto si no pone sobre la mesa del juzgado esos más de 28 millones de euros de responsabilidad civil -o el aval que asegure que pondría ese dinero en los próximos días-.