Prohibir las teleras

IMAGINEN que el Ayuntamiento de Córdoba decide prohibir las panaderías que vendan teleras. En sesión solemne, con la unanimidad de todos los grupos políticos, se aprueba una moción brillantemente defendida que dice que todos aquellos obradores que osen realizar el pan tradicional de las mesas cordobesas se verán en problemas. Los productores de barras, que son mayoría, consideran que el mercado se encuentra saturado de pan y los de las teleras vienen a desequilibrarlo. Un cerrado sistema de licencias permite que todo el mundo que hace barras tenga posibilidades de sobrevivir en el negocio. La necesaria expedición de permisos para producir teleras es la añagaza legal utilizada.

El Ayuntamiento de Córdoba afirma, en el uso de sus legítimas competencias (según dice), proteger a un sector tan relevante para la vida diaria como son los profesionales de la panadería.

Por ende, manifiesta su firme compromiso de llevar al juzgado cualquier iniciativa autonómica que permita ampliar el menguante número de fabricantes de teleras. ¿Quién se habrán creído que son? En adelante, los abogados municipales se personarán en cualquier recurso contencioso administrativo abierto para impedir la apertura de nuevos establecimientos que vendan teleras.

Los panaderos de teleras han realizado unas tibias declaraciones -son pocos y están mal organizados- en los que aseguran que su actividad es perfectamente legal. Que, de hecho, hay pocos productores de teleras porque la legislación sectorial ha sido tremendamente restrictiva para impedir su implantación. Ni la exitosa aparición de plataformas de internet que llevan la telera a casa -tan horneada como la barra de pan pero pidiéndola por el móvil- ha modificado el planteamiento municipal, que se ha comprometido a poner a los agentes de la Policía Local a vigilar el tráfico de teleras.

Ni siquiera los políticos que se dicen liberales -que por lo visto han de defender la libertad económica- han osado poner en duda el criterio de los productores de barras de pan. Se trata de un gremio organizado que puede arruinarle las elecciones a cualquier candidato y no está la cosa para decirle a la gente que toda actividad empresarial que se desarrolla legalmente es, por definición, legítima. Y que el Ayuntamiento de Córdoba no es quién para decidir si la gente compra barras o teleras. Ni siquiera para fijar un número determinado de panaderías. Como no dice cuántos restaurantes, periódicos o clínicas dentales pueden operar en el mercado.

¿Les parece una locura todo esto? Pues cambien a los productores de barras de pan por el sector del taxi. Donde pone panaderos de teleras pongan conductores de vehículos arrendados (las famosas licencias VTC). Y donde dice «app» elijan Uber o Cabify. El muy cobarde y acomplejado Pleno del Ayuntamiento de Córdoba no lo cambien. Que ese es el mismo.