Los malos humos de la Junta

Francisco de Paula Algar es delegado provincial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Ustedes, lectores, le pagarán un sueldo en 2017 de 46.069 euros brutos. Se lo abonarán aunque él no se lo ganará. Llego a esta conclusión visto lo visto. Lo visto el domingo fue una densa columna de humo, nacida de un incendio de residuos de plásticos en una planta de reciclaje situada a nueve kilómetros de la capital. Suficiente para que la inquietud se propagase entre la población, sobre todo cuando incidentes de este tipo hacen arder las redes sociales.

Treinta horas pasaron entre que las llamas calificadas como «tóxicas» por el Ayuntamiento de Córdoba —éste sí informó y descartó, pese a la definición dada, que la población corriera peligro— se originaran y que la Junta saliera a intentar sofocar los temores de los cordobeses. Llegó tarde y encima mal. Vertió un centímetro cúbico de información sobre este enorme fuego. Fueron 314 palabras en un comunicado para decir que la red que mide la contaminación del aire no ha detectado nada extraño. La idea de bombero de la delegada del Gobierno, Rafaela Crespín, y del responsable provincial de Medio Ambiente fue quitarse el impactante suceso con una nota más escueta que la que facilitan cuando Algar va a una suelta de aves. Aplicaron un lema clásico de la Junta cuando le salpican los problemas: «Aquí no pasa nada».

Pero, como reveló ABC, sí ha sucedido. Ha pasado que la dueña de la planta (Barea) tiene licencia ambiental para gestionar residuos, pero la última inspección autonómica halló cuatro elementos, de diez, con deficiencias. Extraoficialmente el Gobierno andaluz ha dicho a colectivos ecologistas que dichas deficiencias se solventaron, pero no detalla cuáles eran los problemas ni cómo y cuándo se eliminaron.

Crespín y Algar evitaban así también que se les pudiera preguntar por el gran monte gris oscuro que se ve en las fotos a la derecha del foco del incendio (toneladas y toneladas de cenizas de la central térmica de Puente Nuevo) o por el amianto (se puede eliminar en esta planta), cuya existencia conocimos por este periodico. De esto y otras cuestiones intentó a lo largo del lunes hablar mi compañero y jefe, Rafael Ruiz, con la Delegación del Gobierno, la Consejería de Medio Ambiente y el delegado provincial del ramo. El móvil le echó humo, pero no halló a nadie que cumpliera con su obligación dedar explicaciones a la ciudadanía a través de los medios. Cuando la Junta presuma de transparencia, traten de no morir de la risa al recordar que Crespín y Algar quisieron disipar una columna de humo «tóxico» visible en la capital pese a estar a nueve kilómetros de distancia, y cercana a Encinarejo o Guadalcázar, con un comunicado de 314 palabras. No se puede decir más de la actitud de estos servidores públicos con menos.