La investigación a las eléctricas iniciada en Córdoba pasa a manos de la Fiscalía General del Estado

La investigación a las eléctricas que inició el fiscal cordobés Fernando Santos por el incremento de los precios de la luz en la ola de frío de 2017 ha pasado a manos de la Fiscalía General del Estado . Las diligencias se abrieron a raíz de la denuncia que IU presentó en la Fiscalía de Sevilla, cuya fiscal jefe, María José Segarra (ahora fiscal general del Estado), la envió a la Fiscalía Superior de Andalucía , quien asumió la iniciativa de la formación política. En un decreto de incoación, la fiscal jefe Segarra reconocía «la afectación general de los hechos denunciados en toda Andalucía», y elevaba el caso a la Fiscalía Superior que, a su vez, ordenó remitírselo al fiscal coordinador autonómico en materia Civil de Andalucía, Fernando Santos Urbaneja.

Precisamente, a la Fiscalía Andaluza no se le escapaba el logro de Santos en materia de consumo en su pleito contra Gas Natural . Santos fue el primer fiscal en Europa que puso una demanda de acción colectiva de protección a consumidores . La querella acabó 14 años más tarde con el auto de la Audiencia Provincial de Córdoba que obligaba a la compañía de gas a la devolución a los clientes afectados un importe millonario de facturas indebidamente cobradas en años anteriores a 2005.

El caso que ocupa ahora a la Fiscalía General del Estado por supuestos abusos a los consumidores se basaba en la denuncia contra las eléctricas que presentó el coordinador de IU en Andalucía, Antonio Maíllo , en la que solicitaba que se impusiera «la apertura de una investigación que ponga en evidencia el recurso constante de las compañías a maniobras fraudulentas tendentes a aumentar sus beneficios, así como actuaciones contundentes y ejemplarizantes que las hagan desistir de tales prácticas». La Fiscalía de lo Civil del Tribunal Supremo , por su parte, también abrió diligencias para averiguar las razones de los «sucesivos aumentos» del precio de los recibos de la luz.

El Ministerio Público optaba por una vía que había sido relativamente poco frecuente, la de artículo 11.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , que le faculta para «ejercitar cualquier acción en defensa de los consumidores y usuarios». Aplicando la ley, en caso de apreciar irregularidades en la fijación de las tarifas , la Fiscalía tiene la potestad de interponer una demanda contra las compañías eléctricas.